Europa PressPalma04/05/10 0:00
TW
0

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha desestimado el recurso que presentó el ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, contra el auto en el que el magistrado decretó, el pasado 30 de marzo, prisión bajo fianza de tres millones de euros para el ex jefe del Ejecutivo autonómico "dada la gravedad" de los hechos que se le imputan dentro del caso Palma Arena y su "elevado" riesgo de fuga.En su auto, el magistrado defiende que continúa existiendo la posibilidad de que el imputado, sobre quien pesa un total de doce delitos, se sustraiga de la acción de la justicia, y mantiene además que la caución impuesta es la "adecuada" a la capacidad económica del ex presidente, según señalaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Por su parte, el letrado de Matas, Rafael Perera, manifestó que se encuentra estudiando la posibilidad de interponer recurso contra la decisión de Castro, en este caso de apelación ante la Audiencia Provincial, y aseveró que lo más probable es que así lo haga al mostrar su disconformidad con la resolución del juez y negar que exista riesgo de huída por parte de su patrocinado

En concreto, sobre el ex ministro de Medio Ambiente bajo la presidencia de José María Aznar pesan un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial, uno de prevaricación administrativa, uno de fraude a la administración, siete de malversación de caudales públicos, otro de blanqueo de capitales y un último electoral, castigados con hasta 64 años de prisión.

"Margen de gravedad"
En la extensa resolución que Castro emitió el día 30, el magistrado aludió a la existencia de un "margen de gravedad más que sobrado" como para que Matas pueda sustraerse de la acción de la justicia, "máxime" cuando reside en Estados Unidos y "se sospecha" que en este país o en otro vecino pueda guardar "el grueso de los beneficios ilícitamente obtenidos" a raíz de su presunta implicación en los hechos investigados en el marco del caso Palma Arena.

Asimismo, Castro basó su petición de prisión -que eludió tras abonar los tres millones de euros- así como la retirada de su pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional, en la intención de "evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas".

En su opinión, existe un peligro "más que fundado y concreto al respecto como lo evidencia el hecho de que el encausado no se recata en mediatizar a testigos, imponer el silencio a quienes fueron sus subordinados, preconstituir pruebas falsas e incluso acude, aunque sea infructuosamente, a una de las más altas instituciones del Estado buscando un cobijo al que no tiene derecho".