El juez aplaza hasta mañana la notificación de las medidas cautelares contra el ex presidente

El magistrado José Castro ha dispensado al ex político balear de la obligación de acudir personalmente mañana para la notificación del auto, tal y como le pidió su abogado Rafael Pereda, quien ha sido citado a las 10.00 horas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma para recibir la resolución.

Aunque en un principio estaba previsto que se comunicara hoy el auto, el juez ha retrasado veinticuatro horas la notificación del auto debido a que todavía no había concluido la resolución, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Fuentes jurídicas han explicado que el retraso del auto se debe a que el juez José Castro necesitaba más tiempo para completar su decisión judicial, debido a la complejidad e importancia del caso y a su repercusión social.

Cuando se conozca la decisión del juez, el PP de Baleares, que precisamente mañana martes celebra su ejecutiva regional, decidirá si toma medidas contra Matas, que es ahora militante de base del partido.

Jaume Matas, que es el principal imputado en el "caso Palma Arena", fue presidente de Baleares en dos legislaturas (1996-1999 y 2003-2007) y fue ministro de Medio Ambiente con el presidente José María Aznar.

El auto de medidas cautelares del juez también afectará, en principio, a su cuñado Fernando Areal, antiguo tesorero del PP balear, pero para quien la fiscalía no ha pedido su prisión provisional eludible mediante fianza.

Los fiscales anticorrupción de Baleares Juan Carrau y Pedro Horrach solicitaron el pasado viernes al juez Castro que impusiera al ex presidente balear y ex ministro de Medio Ambiente una fianza para eludir la cárcel de tres millones de euros, así como la retirada del pasaporte, la prohibición añadida de salir de España y la obligación de comparecer ante el Juzgado cada quince días.

Para el ministerio fiscal, Matas ha cometido siete delitos de malversación y uno de prevaricación, otro de falsedad en documento oficial, de fraude a la administración, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda Pública.

En atención a la gravedad de los delitos del que le acusan, el pasado viernes los fiscales pidieron al juez Castro que impusiera a Matas una fianza para eludir la cárcel de tres millones de euros, así como la retirada del pasaporte, la prohibición añadida de salir de España y la obligación de comparecer ante el Juzgado cada quince días.

Los fiscales basan sus solicitudes en el peligro de fuga ante la gravedad de las penas que podrían recaer sobre Matas, que aunque sumadas alcanzan un máximo de 68 años no podrían superar los 24, puesto que la norma de refundición de condenas establece que, por delitos concurrentes, no se puede imponer un castigo superior al triple de la pena más elevada, que asciende en su caso a ocho años.

Además, Horrach y Carrau entienden que Matas podría tratar de alterar, destruir u ocultar pruebas fuera de España, ya que sospechan que habría canalizado "parte de los fondos obtenidos con la actividad delictiva hacia el extranjero, concretamente a Estados Unidos", donde ha residido desde que dejó Mallorca en 2007.

Matas declaró la semana pasada durante dos días sobre las presuntas falsedades, fraudes, prevaricaciones y desvíos de fondos públicos relacionados con la construcción del velódromo Palma Arena, que, según la Fiscalía, tuvo un sobrecoste injustificado de 41 millones de euros.

También fue interrogado sobre la malversación de dinero del Govern para pagar gastos de la campaña electoral del PP de 2007 a través de la empresa Nimbus y sobre la supuesta recepción de un soborno de parte del productor José Luis Moreno.