La titular del Juzgado de Instrucción número 10, Mari Carmen Abrines, dictó ayer prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros, la misma cantidad solicitada por la Fiscalía, para el ex conseller de Turismo Francesc Buils, el empresario de la comunicación Jacinto Farrús, y dos propietarios de la empresa de informática Minser, Gabriel Rivas y Juan Carlos Escuder, detenidos el pasado lunes en el marco de la Operación Voltor.
Asimismo, la magistrada decretó la retirada del pasaporte de todos ellos, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente ante el Juzgado. Los imputados disponen hasta las 13.00 horas del viernes para depositar la caución.
Concretamente, imputa a Buils un delito continuado de defraudación a las arcas públicas, malversación de caudales públicos y un derecho continuado de cohecho, mientras que a Farrús y a los dos empresarios les imputa también un delito electoral, además de un delito continuado de defraudación a las arcas públicas, cohecho y malversación de caudales públicos.
La jueza dictó esta resolución después de que la Fiscalía solicitase el ingreso en prisión de los imputados bajo fianza de 100.000 euros, tras una jornada en la que todos ellos fueron interrogados por la jueza que instruye el caso, que se encuentra bajo secreto de sumario. Buils prestó declaración a lo largo de toda la mañana mientras que el resto de encausados lo hicieron por la tarde, hasta aproximadamente las 17.30 horas.
El primero en salir en libertad de los Juzgados de Vía Alemania fue Buils pasadas las 19.00 horas, aunque eludió hacer declaraciones a la prensa, al igual que hizo Farrús, quien fue el siguiente en salir en libertad. Se está a la espera de que también abandonen el edificio judicial de Palma los propietarios de Minser, Gabriel Rivas, y Juan Carlos Escuder.
El primero en ser interrogado por la jueza durante el día de ayer fue Buils, quien estuvo declarando desde las 10.30 hasta las 14.30 horas, después de que el martes se negara a declarar en dependencias policiales. Posteriormente, la jueza y los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán interrogaron a Farrús entre las 16.15 y las 16.40 horas y, a continuación tomaron declaración por separado a Rivas y Escuder hasta las 17.30 horas.
Todos ellos fueron detenidos el pasado lunes en el marco de la Operación Voltor, han pasado esta mañana a disposición judicial para ser interrogados por la jueza que instruye esta presunta trama de corrupción urdida en la actual legislatura, y que suma una veintena de arrestados desde que fuese abierta el pasado 3 de febrero, entre ellos ex altos cargos del Govern y ex dirigentes 'uemitas'.
Buils fue el primero en llegar en un vehículo policial a los Juzgados, a las 9.00 horas, esposado y flanqueado por varios agentes. Inmediatamente después lo hizo uno de los detenidos vinculados a Minser, que salió del coche con la cara cubierta para no ser captado por los numerosos medios de comunicación congregados.
En medio de fuertes medidas de seguridad, con seis efectivos policiales en alerta ante cualquier tipo de incidencia, hicieron acto de presencia el otro de los propietarios de la empresa informática, y finalmente Jacinto Farrús, a las 9.25 horas.
Los cuatro imputados fueron arrestados el pasado lunes, dentro de esta segunda fase de la Operación Voltor, que se encuentra bajo secreto de sumario y en la que se investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) a empresarios próximos a Unió Mallorquina (UM) en forma de contratos y subvenciones irregulares.
De acuerdo a las investigaciones y a la confesión de uno de los imputados en el caso, el gerente del Consorcio de Informática Local de Mallorca, Eugenio Losada, tanto éste como el ex conseller manipularon a cambio de comisiones el procedimiento por el que fue adjudicado un contrato a la empresa Minser por más de un millón de euros para ofrecer información turística con tecnologías avanzadas.
Precisamente, sobre este extremo el ex presidente del consorcio y de UM, Miquel Àngel Flaquer -quien también fue arrestado el pasado mes por este caso- defendió ante el juez que esta resolución siguió "todos los controles administrativos", por lo que rechazó que se produjese cualquier tipo de irregularidad al respecto, tal y como señalaron a Europa Press fuentes del caso. Mientras tanto, Flaquer se desvinculó asimismo del concurso presuntamente amañanado por el que fue adjudicado otro contrato al empresario Jacinto Farrús, relativo a un servicio de 'benchmarking' para la investigación turística, por valor de 360.000 euros.
16 arrestados
Cabe recordar que La Operación Voltor se desató el pasado mes de febrero con la detención de los ex directores generales del Govern, Antoni Oliver y Joan Sastre, los ex presidentes de UM Miquel Nadal y Miquel Àngel Flaquer, y varios empresarios vinculados a la formación 'uemita' presuntamente implicados en los hechos que investiga este caso.
Tanto Nadal, Flaquer, Sastre y Oliver como el contable de UM Alvaro Llompart eludieron ingresar en prisión tras despositar las fianzas de entre 75.000 y 100.000 euros que el juez les impuso el día en que pasaron a disposición judicial, a fin de mitigar el posible riesgo de fuga ante la gravedad de los delitos que se les imputan y las penas que llevarían aparejadas.
Mientras tanto, el pasado día 2 la magistrada del Juzgado de Instrucción número 10, encargado del caso tras la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción para investigar el presunto desvío de fondos cometido desde el Inestur a través de presuntos procedimientos negociados sin publicidad a diversos empresarios a cambio del cobro de comisiones, prorrogó un mes más el secreto de sumario debido a la complejidad de las investigaciones.
Operación que, paralelamente, provocó una crisis sin precedentes en el Govern balear, cuyo presidente, Francesc Antich, expulsó el día 5 -el mismo día del arresto de Flaquer y Nadal- a UM de los cargos públicos que ostentaba en el Ejecutivo balear, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. El PSIB rompió de este modo el pacto de gobernabilidad que firmó con los 'uemitas' en 2007, y decidió gobernar en minoría con el Bloc en estas tres instituciones, donde el PP es el partido con mayor representación.
Se da la circunstancia de que el pasado mes de diciembre, el propio Buils, como miembro de la ejecutiva de UM, arremetió contra el Gobierno central y la Fiscalía a raíz de la imputación de numerosos miembros de esta formación en varios casos de presunta corrupción, al atribuir estos hechos a "una clara maniobra" del Ejecutivo central, en connivencia con el Ministerio Público, para acabar con los nacionalismos e instaurar el bipartidismo en España.
"Es evidente que la Fiscalía ha adoptado un camino concreto", reiteró el ahora imputado, quien en su discurso insistió en varias ocasiones en que si durante su gestión se detectaron irregularidades en diversos expedientes "debe discutirse a nivel administrativo, pero no judicial". Tras ser preguntado sobre estas manifestaciones a su salida de los Juzgados, Buils eludió hacer cualquier tipo de declaración
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