Uno de los aspectos más preocupantes del IBE es su monopolio sobre la instalación y gestión de cargadores eléctricos públicos en las islas. Mediante acuerdos marco y la omisión de concursos públicos, el IBE se asegura de ser la única entidad que puede instalar y gestionar estos cargadores. Este control absoluto no solo elimina la competencia, sino que también impide que las empresas privadas, que podrían ofrecer servicios innovadores y eficientes, tengan la oportunidad de contribuir al crecimiento del sector.
El IBE también tiene el monopolio de aprobación y montaje de comunidades energéticas. Aunque las comunidades energéticas son fundamentales para el avance hacia un futuro más sostenible, su control exclusivo por parte de una entidad pública limita la diversidad y la innovación que las empresas privadas podrían aportar. Esta centralización de poder contraviene los principios de un mercado libre y competitivo, necesario para fomentar la innovación y la eficiencia.
La financiación del IBE proviene de la ecotasa, un impuesto que se cobra a los turistas que visitan las Illes Balears. Este impuesto debería ser invertido en iniciativas que promuevan el turismo sostenible y responsable en las islas. Sin embargo, su utilización para financiar una entidad que compite deslealmente con el sector privado plantea serias preguntas sobre la transparencia y la equidad en el uso de los fondos públicos. Las empresas privadas, que también pueden contribuir significativamente a la sostenibilidad, se ven desplazadas por una entidad pública que no compite en igualdad de condiciones.
El convenio marco entre el IBE y el Gobierno de las Balears es otro factor que fortalece este monopolio. Este convenio impide que las empresas privadas ofrezcan sus servicios en el sector de la energía y la movilidad eléctrica. En lugar de crear un entorno competitivo que podría acelerar la transición energética, este convenio consolida un sistema que avanza a un ritmo dictado por una sola entidad. Las empresas privadas, con su capacidad de innovación y adaptación, podrían ofrecer soluciones más rápidas y efectivas si se les permitiera competir libremente.
El rol de los líderes y la necesidad de cambio en este sector. Ferran Rosa, diputado de MÉS, fue uno de los artífices de la creación del IBE. Su visión inicial pudo haber sido positiva, pero la implementación ha revelado serias deficiencias en términos de competencia y desarrollo del sector. Ahora, con Mateo Ferrer Serra al frente del IBE, hay una oportunidad de reevaluar y posiblemente de desarticular esta estructura monopólica. Permitir la participación del sector privado no solo abriría el mercado a la competencia, sino que también aceleraría la adopción de tecnologías de movilidad eléctrica en las Illes Balears.
Desde mi más sincera opinión, el Instituto Balear de Energía, en su forma actual, representa un obstáculo significativo para el desarrollo de un mercado energético libre y competitivo en las Balears. La monopolización de la instalación de cargadores públicos, el control de las comunidades energéticas, y el uso restrictivo de la ecotasa son claros ejemplos de competencia desleal que perjudican tanto a las empresas privadas como a los consumidores. Es crucial que se tomen medidas para desarticular este monopolio y permitir que el sector privado desempeñe un papel más activo en la transición energética de las islas. Solo así se podrá alcanzar un desarrollo más rápido, eficiente y sostenible de la movilidad eléctrica en las Balears.
