El razonamiento es sencillo: el cambio climático parece impulsado por emisiones de gases de efecto invernadero. Se acusa a los jets privados de consumir grandes cantidades de combustible y emitir más dióxido de carbono (CO2) por pasajero que un vuelo comercial. Como los usuarios de estos vuelos suelen ser individuos de alto poder adquisitivo, se les quiere culpabilizar del cambio climático. Es decir, todos en autobús, con el argumento de salvar el planeta. Son inaceptables las protestas radicales, vandalismo incluido, para llamar la atención sobre la crisis climática. En Eivissa, se genera además un fuerte rechazo social a lo que se vive como un ataque a nuestro medio de vida, el turismo.
Los ataques tienen además un componente de martirio a los infieles, señalando a personas que a pesar de cumplir la ley y pagar sus impuestos, son avergonzados públicamente. Me pregunto, ¿es un delito de odio? Resulta decepcionante que salgan en libertad con cargos quienes, además de lo anterior, desacreditan un destino turístico y ponen la actividad económica de toda una sociedad en cuestión. Sin embargo hemos de claudicar, al pensar que se les ha aplicado la ley vigente que toca.
Mi conclusión es que esto es el resultado del estilo de vida y convicciones imperante en el mundo okupa/podemos/ actual gobierno, que por su tolerancia con la justicia a gusto del consumidor/votante, ha creado una normalización hacia las agresiones gratuitas e innecesarias a terceros inocentes, con tal de alcanzar objetivos «indiscutibles», que debieran encauzarse en un debate democrático normal.
Cuando escribo estas líneas, no soy capaz de encontrar ni un apoyo, ni una condena clara y rotunda de ningún partido político local, al menos que Google recuerde. Serán las elecciones, unos no los han defendido, otros no los han condenado. Y así va la cosa.
