Una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza y Medio Ambiente de la Guardia Civil, de la Gendarmería de Francia y la Europol ha puesto sus ojos en «la principal comercializadora» española de frutos secos, Pistachos del Sol, que presuntamente estaría produciendo «un pistacho ecológico falso», según fuentes que han participado en las indagaciones.
El caso, que todavía sigue en fase de instrucción, analiza un posible fraude alimentario al consumo al procesar y comercializar como pistacho ecológico el pistacho normal. Como se comercializa en Europa, principalmente en Francia, hay abiertas sendas causas investigadas por la Gendarmería francesa y el Seprona español, con la ayuda de la Europol.
Hay más de 70 personas investigadas y/o imputadas y la investigación ha ampliado los delitos a falsificaciones de documentos oficiales y blanqueo de capitales, lo que puede suponer penas de prisión superiores a 10 años.
Las investigaciones han sido declaradas secretas tanto en España como en Francia, y se han registrado más de 10 lugares entre los dos países. El efecto de la presunta estafa es relevante en varias dimensiones: por el precio pagado por sus cosechas a los agricultores de esta empresa es muy superior a su competencia y crea una distorsión del mercado agroalimentario, además de desincentivar a los agricultores de cultivo ecológico.
España tiene un posicionamiento muy destacado en Europa por su agricultura y sus productos ecológicos, ya que son los que mejor se pagan y repercuten en el esfuerzo e inversión del resto de agricultores. Además, esta situación puede afectar a la marca ecológica de España a todos los niveles.
También tiene implicaciones de salud pública, ya que muchos alérgicos diagnosticados y personas con dietas especiales no pueden consumir productos convencionales, y en especial el pistacho ya que requiere de gran cantidad de tratamientos fisicoquímicos de alta persistencia y fuerte trazabilidad en la cadena alimenticia.
Por otra parte, los agricultores pueden estar firmando los contratos de la próxima temporada, tenerles en exclusiva y con sus cosechas hipotecadas, sin conocer realmente esta situación.
Al no poder cambiar de operador agrícola sus líneas de crédito y su capacidad financiera puede quedar bloqueada ante los juzgados, ya que es posible que pudiera haber daños y perjuicios civiles y penales millonarios tanto en España como en Francia, aunque se prevé que cada país donde se ha vendido este producto se sume a las demandas y acciones judiciales, especialmente donde el volumen ha sido relevante, como Inglaterra, Alemania, Suiza y Holanda.
LARGA INVESTIGACIÓN
La Guardia Civil lleva tiempo trabajando en este asunto y, en un comunicado oficial, destacaba que, «en el marco de la operación Pevera, ha detectado a una empresa que se dedicaba a la producción, distribución y venta de pistachos supuestamente ecológicos bajo una marca que no cumplían con dichos requisitos».
La operación, que se inició en 2019 y que ha contado con la colaboración de Europol, se ha saldado con la investigación de 14 personas en Ciudad Real, Madrid y Málaga. En estas provincias, el Seprona ha intervenido los pistachos que recibían varias empresas con «un uso fraudulento de la certificación ecológica».
La Guardia Civil calcula que los beneficios obtenidos con este engaño son superiores a los seis millones de euros. Con esta presunta práctica fraudulenta, hacían que el rendimiento económico se elevara entre un 60 y un 80% por encima del valor real del producto.
La Guardia Civil detectó mezcla de pistacho ecológico con pistacho convencional a raíz de informes de laboratorio en los que se hallaron compuestos químicos pesticidas como glisofato o clorato, haciéndolo incompatible con el proceso de agricultura ecológica.
La «principal comercializadora española se dedicaba a distribuir estos pistachos sin los requisitos establecidos por el sector, y sin ningún tipo de garantía en la certificación ecológica». Así la trazabilidad del producto se perdía, constituyendo un verdadero fraude alimentario para el consumidor, que compraba el producto «hasta 3 y 4 euros por kilo más caro».
Gracias a la colaboración de Europol y de las autoridades policiales francesas (Gendarmería Nacional Francesa), los agentes pudieron conocer que el producto podría estar vendiéndose en Francia.
La colaboración del Juzgado de Instrucción nº1 de Manzanares y el Juzgado de Meyreuil (Francia) fue fundamental para la aplicación de la Orden Europea de Investigación y registros del principal distribuidor tanto en España como en el país vecino. La investigación conjunta acreditó el modus operandi de la empresa española y su posterior venta a nivel europeo. En Francia las diligencias continúan abiertas.
Por su parte, Pistachos del Sol envió un comunicado en el que asegura que «la empresa procesa y comercializa pistachos ecológicos cumpliendo estrictamente con la normativa europea de producción y comercialización ecológica y que actualmente se encuentra en proceso de implantación de la norma calidad IFS, certificación de los más altos estándares de calidad. En Pistachos del Sol seguimos trabajando con nuestros proveedores y clientes para seguir impulsando el desarrollo del sector del pistacho español».