Ramon Poch17/03/17 0:00
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El sabio proverbio nos dice más vale prevenir que curar. También en el ámbito empresarial los costes en la prevención de delitos de carácter penal es más económica que correr el riesgo de las gravísimas penas, como pueden ser elevadísimas multas millonarias e incluso el cierre, temporal o definitivo, de la empresa, por la comisión de delitos cometidos por sus directivos y empleados por omisión o ejecución defectuosa de sus deberes de vigilancia y control para la prevención de deberes de acuerdo con las reformas del Código Penal de los años 2010 y 2015.
Toda empresa, grande, pequeña o mediana, se enfrenta a situaciones críticas por incumplimientos normativos que afectan no solo a su reputación, con el elevado coste que comporta, sino también a asumir responsabilidades y reparar los objetivos básicos y colaterales del negocio.

La prevención para minimizar el impacto de los delitos y evitar la responsabilidad penal de las empresas es la implementación del compliance (o cumplimiento de la normativa), que son en el argot empresarial actual los sistemas de control interno aplicados en un amplio abanico de áreas susceptibles de posible imputación penal, para identificar cuáles son los riesgos y, posteriormente, diseñar las herramientas adecuadas para prevenirlos o minimizarlos si ocurren, implicando a todos los departamentos de la compañía.

Las medidas de vigilancia para aplicar un modelo de detección y prevención de delitos han de ser proactivas y proporcionar una seguridad razonable para abordar con solvencia situaciones de crisis, estableciendo objetivos, identificando y evaluando los riesgos, y estableciendo los procedimientos que ayuden a las actividades de control realizando las modificaciones oportunas detectadas en el proceso de supervisión. Todo el proceso debe estar debidamente documentado y sujeto a una revisión periódica, y que establezca instrumentos de bloqueo del ascenso de la responsabilidad penal, otorgando a mandos intermedios facultades y responsabilidades para detectar y erradicar cualquier riesgo para los bienes jurídicopenalmente protegidos.

Sintetizando, el diseño del programa de cumplimiento normativo, que debe estar implementado antes de la comisión del delito, debe incluir medidas efectivas de vigilancia y que estas sean idóneas para su prevención.
La correcta aplicación del compliance legal es una manera eficaz de demostrar en sede judicial, la existencia de una cultura de gestión del cumplimiento de la legalidad para prevenir conductas ilícitas. Estos principios del derecho penal también se están aplicando en el derecho administrativo sancionador; así los reguladores, como la CNMC, consideran como atenuante si la empresa demuestra que ha puesto en marcha un programa de cumplimiento normativo.
Como apuntábamos al inicio de este artículo, establecer estos procedimientos preventivos tiene un coste, pero este coste es ínfimo comparado con el que podría suponer cualquier situación crítica en la empresa, y en especial las derivadas de la responsabilidad penal por sus hipotéticos daños irreparables.