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Aranceles, cuotas, subsidios de producción, subsidios a la exportación, subsidios fiscales, barreras técnicas… todos ellos son conceptos nuevos para algunos de nosotros y están relacionados con otro término muy de moda aunque igualmente desconocido: tratado de libre comercio, concretamente el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y EE.UU. Se conoce como Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por las siglas del inglés Transatlantic Trade and Investment Protocol) y se negocia desde julio de 2013 con la intención de que esté cerrado antes del final del mandato del actual presidente estadounidense, Barack Obama, uno de sus principales impulsores.

Los promotores del tratado lo presentan como una oportunidad para eliminar los aranceles que limitan el comercio de productos agrícolas e industriales; abrir los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea a las inversiones, los servicios y la contratación pública, y homogeneizar los estándares, normas y requisitos para comercializar bienes y servicios.

Sus detractores señalan que favorece la liberalización del flujo de mercancías pero no la libre circulación de trabajadores, que limita la capacidad de negociación de los sindicatos, reduce los salarios y eleva la desigualdad social. Sus críticos alertan de que antepone el beneficio empresarial a las personas.

De momento, hay demasiadas dudas al respecto y muchas preguntas sin resolver. La falta de transparencia y de debate plural en el proceso de negociación, así como el acceso limitado a la documentación de las negociaciones del tratado, han dificultado establecer respuestas sobre si resultará beneficioso para nuestra economía o cómo afectará a nuestras empresas. Ni siquiera expertos economistas, emprendedores o empresarios tienen claros los efectos, las ventajas o desventajas para la economía española.

Actualmente, exportan las grandes empresas y cooperativas, mientras que las pequeñas pueden exportar agrupándose. Si se llegase a un acuerdo, seguramente beneficiaría a los pequeños operadores comerciales (cooperativas pequeñas), que podrían mejorar sus condiciones de exportación. Se reducirían los costes de exportación y las trabas burocráticas, pero la eliminación de los aranceles podría afectar a la competitividad de algunos sectores, como el del campo o el de la alimentación.

Algunas empresas se verán beneficiadas por el posible acuerdo, pero otras se podrían ver claramente perjudicadas. Las ventajas para las empresas españolas no parecen claras... pero ¿y para los trabajadores? ¿Cómo afectará a la contratación pública, a la sanidad pública, a la fiscalidad, al medio ambiente o al sector financiero?
Urge la creación de un estudio de impacto económico del TTIP en nuestro país o la creación de una comisión parlamentaria que estudie los efectos del tratado, algo que hasta ahora no ha sido posible.