Rafael Amargo vuelve a pedir su libertad porque considera que se vulneran sus derechos

Peña confía en que «la ley por fin actúe y Rafael quede en libertad, puesto que ahora se encuentra en una situación anómala en la que parece que paga prisión por delito, cuando acudió en su día a juicio (de ahí la falta de riesgo de fuga), pero no fue juzgado», en referencia al día 7 de junio de 2023, en el que el juicio se aplazó porque otro acusado renunció a su letrado en la vista. La letrada ha confirmado, en declaraciones a EFE, que Amargo inició una huelga de hambre el pasado 4 de enero para protestar por su situación, que considera injusta, y la mantuvo hasta el día 9 de enero, cuando su salud peligró porque contrajo covid y había perdido mucho peso.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid ordenaron el pasado 3 de noviembre el ingreso en prisión de Rafael Amargo, hasta que se celebre el juicio en abril, por riesgo de fuga y quebrantamiento reiterado de la obligación de firmar cada 15 días en el órgano judicial, como había solicitado la Fiscalía. Y el 29 de noviembre la Audiencia denegó el recurso de súplica que interpuso el artista y ratificó su decisión de mantenerle en prisión hasta el juicio en el que se sentará en el banquillo acusado de vender droga, el próximo mes de abril. Los magistrados detallaron en su auto que incumplió la obligación de firmar en el juzgado, haciéndolo "un mínimo porcentaje" de veces y «cuando lo cree oportuno», y además sin justificarlo médicamente.

En esas fechas el bailaor cambió de letrado debido a diferencias con el que tenía hasta ese momento, y contrató a Ana Isabel Peña, que es la letrada de César Román, el Rey del Cachopo. El juicio a Rafael Amargo está previsto que se celebre los días 8, 10, 11 y 12 de abril de 2024, tras la suspensión que tuvo lugar el pasado 7 de junio porque otro de los procesados, el productor teatral Eduardo de Santos, renunció a su abogado.

Serán juzgados el bailaor, Eduardo de Santos y un socio del artista, Manuel Ángel Batista León, acusados de integrar un grupo que traficaba con droga, fundamentalmente metanfetamina, que presuntamente vendían desde el piso de Amargo. De cara al juicio la Fiscalía pide nueve años de cárcel para el artista y para el productor, y seis años para el otro acusado.