El pleno del Congreso aprobó el pasado mes de diciembre la ley de eficiencia de la Justicia, que incluyó una enmienda del PNV, votada por error por ERC y EH Bildu, y cuyo objetivo era poder agilizar los desahucios en los casos de ocupación por allanamiento de morada. Podemos apoyó finalmente esta norma tras pactar con el Gobierno que esta enmienda sobre desahucios sería derogada en la próxima ley orgánica que se tramitara en el Congreso, algo que ha intentado hacerse recientemente a través de una enmienda en otra ley, pero sin éxito.
En concreto, el PSOE, Sumar, Podemos, ERC y Bildu firmaron con este objetivo una enmienda transaccional la semana pasada durante la reunión de la ponencia de la reforma de la ley de asociaciones presentada por los socialistas, que busca disolver aquellas asociaciones que hagan apología del franquismo. Fuentes parlamentarias han explicado a EFE que esta enmienda transaccional no salió adelante por falta de apoyos y, de hecho, la citada reforma de la ley de asociaciones ha finalizado este martes su trámite en comisión e irá al pleno del Congreso para su aprobación definitiva sin ninguna alusión a los desahucios.
«Esperamos que, como se comprometió el Gobierno con nosotros, haga su trabajo para convencer a todos los grupos y se elimine esa cláusula prodesahucios que se introdujo en aquella ley», ha dicho el portavoz de Podemos este martes en una rueda de prensa en el Congreso, donde también ha pedido al Gobierno que cumpla con su promesa de mantener el bono social eléctrico.
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha restado importancia al fracaso en el intento de revertir la medidas sobre desahucios a través de la ley de asociaciones. «Nosotros hicimos una modificación legislativa en su momento para que los allanamientos se pudieran resolver en menos de 48 horas. Por lo tanto, nos parece que hay legislación suficiente para que los jueces puedan determinar si alguien allana una vivienda y no tiene ningún tipo de relación con ese inmueble, pueda ser desalojado. Y, en caso de que sean vulnerables, puedan ponerse el propio juez pueda ponerlo en relación con los servicios sociales de cada uno de los ayuntamientos son las instituciones», ha declarado.
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