La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno. | Efe - Mariscal

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral a 37,5 horas semanales, recogiendo el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, sin el apoyo de la patronal.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto en valor esta medida que servirá para «modernizar» el país y ha asegurado que «hoy es un día histórico», en el que «merece la pena formar parte del Gobierno de España». El anteproyecto de ley, que tendrá que volver en segunda vuelta al Consejo de Ministros, deberá continuar posteriormente con su tramitación parlamentaria antes de su entrada en vigor.

Sobre esta cuestión la patronal Pimem ha rechazado la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales porque no se ha tenido en cuenta la opinión de los sectores más afectados, lo que generará un coste «inasumible» para las empresas, especialmente las de menor tamaño, que se estima en unos 20.000 millones de euros a nivel estatal. La patronal mallorquina ha criticado que todos los costes irán a cargo del empresario cuando «realmente se debería compartir con trabajadores y administración», sostiene Pimem.

La organización sindical también se ha referido a la baja productividad que hay en España. Para el presidente de Pimem, Jordi Mora, es la productividad la que permite desde subir sueldos o bajar horas de trabajo. «Estamos dando la espalda a mecanismos que nos ayudarían a conocer la productividad real como el observatorio que tiene todos los países menos España, Italia y Estonia. Sin investigación y datos vamos a ciegas», ha insistido el representante patronal. Pimem también se ha referido a los datos sobre el absentismo laboral, las bajas y la falta de mano de obra en Baleares, de modo que la reducción de la jornada laboral perjudicará aún más la estabilidad y el funcionamiento de las pymes, ha alegado Mora.

En esta línea, ha insistido en que esta medida no tiene en cuenta las especificidades de cada sector ni la realidad empresarial en España, y que afectará sobre todo a las microempresas, ya expuestas a adversidades como la pandemia de la covid-19 y las posteriores subidas de costes por la guerra en Ucrania. «Cometemos un grave error como país fomentando desde algunos ámbitos del Gobierno que se genere una guerra entre empresas y trabajadores que perjudica a todos», ha sentenciado el presidente de Pimem.