«Estamos trabajando y no descartamos nada», ha asegurado la ministra ante la pregunta de si la regularización de los migrantes afectados por la dana está sobre la mesa del Ejecutivo. Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a medios tras participar en el pleno del Consejo Económico y Social (CES).
En este sentido, ha recordado que por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha puesto en marcha un escudo social dirigido a la población más vulnerable afectada por la dana. «Estamos estudiando desde el absoluto rigor jurídico con muchísima sensibilidad y pronto daremos a conocer las medidas que vamos a adoptar, pero siempre desde la seguridad jurídica», ha avanzado.
Igualmente, Saiz ha defendido el nuevo Reglamento de Extranjería ante la decisión de ONG de recurrir de forma parcial el mismo. En concreto, Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes han interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, por la «incompatibilidad» entre el procedimiento de protección internacional y los arraigos.
«No he tenido ocasión de conocer y analizar los recursos presentados, pero desde luego quiero poner en valor que el Reglamento de Extranjería ha sido un reglamento que viene después de un proceso muy importante», ha señalado la ministra.
Asimismo, ha añadido que el reglamento ha recibido las aportaciones de comunidades autónomas, entidades locales y diferentes comisiones. «Y, desde luego, con todo el rigor jurídico, pero, evidentemente, tendremos ocasión de analizar en este caso los recursos presentados», ha recalcado.
Por otro lado, Saiz ha solicitado al CES un informe específico sobre migración que permita realizar diagnósticos «adecuados» y recibir posibles propuestas de actuación que permitan «seguir avanzando hacia una política migratoria regular y segura».
En este sentido, la ministra ha sugerido la inclusión de aspectos como un análisis de los flujos migratorios actuales en Europa y en España; las previsiones sobre la evolución de los flujos migratorios considerando los cambios demográficos; los impactos económicos y sociales de la migración en España y los países de origen; y la integración social de los migrantes.
«Sin duda, la perspectiva del CES será de gran ayuda para estudiar las necesidades y previsiones relacionadas con las migraciones con la prioridad de lograr una migración regular y segura», ha afirmado.
Además, la titular de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha hecho referencia al informe sobre el análisis del impacto económico de la discriminación y la desigualdad entre la población autóctona y la extranjera residente en España, encargado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio.
El informe estima en 17.000 millones de euros (un 1,3% del PIB) el coste de la discriminación laboral y educativa de la población extranjera en nuestro país, tomando como base los datos de 2022. «España tiene la necesidad y la oportunidad de aprovechar este nuevo contexto en el que nos encontramos. Retomando las palabras del Presidente Sánchez, España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o un país cerrado y pobre. Hemos elegido lo primero», ha concluido.
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