En un recurso contra la citación de Álvaro García Ortiz y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la Abogacía cuestiona que el juez Ángel Hurtado haya omitido y «desdeñado» los «múltiples contraindicios que articulan una explicación alternativa y razonable» de lo ocurrido y que refuerzan que no concurren -dice- «sospechas fundadas» contra ellos.
La Abogacía pide suspender las declaraciones del 29 y 30 de enero hasta que se practiquen varias diligencias que considera esenciales y que vendrían a «desacreditar» las conclusiones del juez Hurtado y a «confirmar otros elementos de prueba», según el recurso al que ha tenido acceso EFE, presentado en representación de Rodríguez.
Entre ellas figura la citación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña que aún no ha comparecido, y la intervención del móvil del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a quien acusa de haber realizado afirmaciones «abiertamente falsas» en su declaración. Solicita también citar como testigos a varios periodistas y a los agentes que realizaron el informe sobre el material intervenido en el registro a Pilar Rodríguez, investigada junto al fiscal general por presunta revelación de secretos sobre Alberto González Amador.
La Abogacía denuncia una «vulneración» de derechos de los investigados al considerar que «se está realizando un juicio paralelo» en su contra «con una difusión pública, ilegal y parcial». Considera «especialmente grave» que el juez afirmase en un auto que el correo que centra la investigación -en el que la defensa de González Amador ofrecía un pacto al fiscal y reconocía dos delitos fiscales- circuló «con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno», y de ahí, al medio El Plural. Un hecho, subraya «carente de elementos de prueba».
A lo largo de su recurso, cuestiona las tesis del magistrado: discute que el citado correo tenga «naturaleza reservada» porque no formaba parte de las diligencias de la Fiscalía contra González Amador ni se incluyen en el expediente de investigación «ni producen efecto alguno», y recuerda que el propio empresario compartió el contenido de un correo con Miguel Ángel Rodríguez antes de que los investigados accedieran a él.
Critica que el magistrado guarde «un silencio difícil de entender» sobre aspectos como que el correo estuviese a disposición de «múltiples personas» al haber sido enviado a una dirección genérica, que el visado de la denuncia de 5 de marzo implicó el envío de «un número indeterminado de copias» o que fuese remitida tanto a la Agencia Tributaria como a los juzgados de Madrid.
Y recuerda también que varios periodistas reconocieron tener la denuncia desde el 6 de marzo, días antes de que el fiscal general solicitase la información a sus subordinados. Además, apunta a que si el único fundamento para atribuir la filtración a ambos investigados es «la cercanía cronológica» entre la dación de cuentas solicitada por el fiscal general y la publicación de la noticia en eldiario.es el 12 de marzo, «los mismos motivos podrían justificar» la imputación a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que también tuvo acceso a la documentación.
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