Los 21 acusados por la protesta 'Rodea el Congreso' más seguida, a juicio 12 años después

El Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid celebra desde este lunes el juicio por los altercados que tuvieron lugar entre la tarde del 25 de septiembre de 2012 y la madrugada del día 26 en las cercanías de la Cámara Baja. Aquella jornada, convocada por varios colectivos que coreaban consignas como «Que no nos representan» o «lo llaman democracia y no lo es», se saldó con 35 detenidos y al menos 64 heridos entre manifestantes y policías.

Participaron unas 6.000 personas, según informó la Delegación del Gobierno entonces. Esa protesta fue seguida por otras similares en los días siguientes, en las que también hubo algunos altercados que han desembocado en otros procesos penales. De cara al juicio de este lunes la Fiscalía pide penas de entre 3 años y 8 meses de cárcel y 7 años y 4 meses de prisión para los 21 encausados, a los que imputa los delitos de desórdenes públicos, atentado contra agente de la autoridad y de resistencia, y falta de lesiones.

La plataforma convocante de esas protestas, la Coordinadora 25S, ha hecho público un comunicado en el que critica que se llegue a un juicio «político» por unos hechos ocurridos hace 12 años, algo que ya debería llevar a que se suspenda, y que se pidan unas penas que suman un total de 112 años y 5 meses de cárcel. Por su parte la Fiscalía de Madrid solicita la mayor pena para cuatro de los procesados, para los que pide tres años y ocho meses de cárcel por un delito de desórdenes públicos más otros tres años y ocho meses por atentado.

En cambio la solicitud mínima de prisión es de tres años y ocho meses para dos de los imputados por el delito de desórdenes públicos. El Ministerio Público sostiene que algunos de los congregados aquel día, en dos protestas cuyos integrantes confluyeron en la plaza de Neptuno, cerca del Congreso, acabaron «arremetieron violentamente contra el dispositivo policial desplegado tirando vallas y arrojando objetos contundentes contra ellos, lo que obligó a organizar el despliegue de diversas unidades de UIP para tratar de contenerlos».

Para la Fiscalía fueron «diversos grupos controlados y organizados», además de ciudadanos individuales, los que «dirigieron sus acciones a causar destrozos en la vía pública, intentando rebasar los cordones de seguridad establecidos, arrojando objetos no solo contra la fuerzas se seguridad sino contra los vehículos policiales». Sobre algunos de los imputados relata que, además de lanzar objetos, pegaron patadas y puñetazos a los agentes, algunos de los cuales resultaron heridos.