La presidenta de Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. | Efe

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que las reformas de las leyes Trans y LGTBI «se han hecho desde el respeto a la Constitución» y «primando el interés de los menores». Así lo expresa en un mensaje en la red social X después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido de manera provisional algunos puntos de dichas leyes que fueron modificadas en diciembre de 2023 en la Asamblea de Madrid, donde Ayuso ostenta la mayoría absoluta.

La presidenta madrileña dice que las reformas se realizaron «primando el interés de los menores, para que en las decisiones irreversibles que tomen cuenten con la asistencia de profesionales». La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, también se ha pronunciado sobre la decisión del tribunal en un audio remitido a los medios, en el que que acata la decisión del juzgado pero insiste en que es una «ley plenamente constitucional que responde al criterio de las sociedades médicas y de los profesionales, entre otros, de la pediatría y la salud mental».

«Este Gobierno regional va a proteger siempre a los menores, va a acompañarles junto a sus familias ante un proceso que puede ser irreversible y, sobre todo, para que primen los criterios profesionales y la ciencia frente a la ideología». El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos del Gobierno contra las leyes trans y de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid y ha suspendido varios artículos, como el que exigía a los menores trans informes y acompañamiento psicológico para iniciar un tratamiento de transición.

El Ejecutivo central llevó ante la corte de garantías diversos preceptos de esas dos normas autonómicas madrileñas al considerar que vulneran la Constitución, son contrarios a los derechos fundamentales, suponen una «patologización» de los menores e invaden competencias exclusivas del Estado. Al admitir a trámite su recurso este jueves, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) suspende la vigencia y aplicación de los artículos impugnados, entre los que figura el que abre la puerta al asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, que el Ejecutivo estima que supone una excepción a la prohibición absoluta de las terapias de conversión.