Pablo Iglesias e Irene Montero, en una imagen de archivo. | Agencias

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La Policía Nacional espió supuestamente de forma ilegal a diputados de Podemos en 2015 cuando el PP gobernaba, según ha informado este miércoles El País. Desde el citado medio aseguran que ocurrió entre 2015 y 2016 cuando, después de que Podemos lograra 69 diputados en las elecciones de diciembre, los agentes realizaron centenares de consultas en bases de datos policiales. Buscaban información de políticos como Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Ione Belarra o Irene Montero, entre otros.

Tras la publicación de esta información Podemos ha proclamado que el informe sobre el presunto «espionaje» que sufrieron sus diputados entre 2015 y 2016 evidencia la «cacería política, policial y judicial» por parte del entonces Gobierno dirigido por el PP contra la formación. A su vez, ha demandado al PSOE que rompa el acuerdo con los populares para renovar el Consejo General del Poder Judicial. «Podemos seguirá exigiendo que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades, tanto a nivel político como judicial, y considera que no hay regeneración ni democratización posible de la mano del PP», han indicado fuentes de la formación morada.

Estas reacciones llegan después de que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional haya informado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que examina si se realizaron investigaciones extrajudiciales a políticos de Podemos por orden de la cúpula del Ministerio del Interior, que durante los años 2015 y 2016 se realizaron consultas en bases policiales sobre 55 diputados de esa formación. Así consta en la documentación enviada por Asuntos Internos al Juzgado Central de Instrucción número 5 en respuesta al requerimiento del juez, que el 27 de marzo pidió una relación de las solicitudes de acceso por funcionarios policiales a los ficheros informatizados durante esos dos años y que tuvieran por objetivo los nombres de los diputados 'morados'.

Desde el partido morado afirman que el rastreo masivo «ilegal» de informaciones a sus diputados tras presentarse por primera vez a la elecciones generales, sin amparo judicial y de forma «prospectiva», trataba de «impedir un cambio de Gobierno». Además, denuncia la gravedad de ordenar a agentes de Policía que actuaran al margen de la ley contra representantes de una determinada formación política.