En base a ello, los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena han invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para convocar una Junta de Fiscales de Sala, que se celebrará el próximo martes al haber accedido inmediatamente García Ortiz, que ha comunicado ya a los 38 fiscales de sala la reunión para fijar el criterio definitivo. Con todo, la última palabra la tendrá siempre el fiscal general. «Seguimos considerando que los argumentos expuestos por V.E. para justificar la aplicación incondicional de la ley de amnistía a los hechos constitutivos de malversación de esta causa especial no desvirtúan en absoluto los criterios jurídicos plasmados en nuestros informes y las soluciones que se proponen en los mismos», explican.
De manera, continúan, que «son manifiestamente insuficientes para legitimar la viabilidad y el ajuste a la legalidad de la orden impartida por V.E. instando la aplicación incondicional de la ley, por lo que a nuestro juicio la orden es improcedente y contraria a las leyes al no ajustarse a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la normas», señalan en su respuesta escrita. En el escrito, los fiscales insisten en lo avanzado en su informe previo, que «si finalmente mantiene la decisión adoptada sobre la aplicación de la ley a la malversación», les releve de esta causa «para ser despachada por V.E. o quien designe a tales efectos» y así cumplir con las providencias del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y la Sala de lo Penal de informes, que vence el miércoles.
García Ortiz ha enviado una orden acompañada de un informe jurídico de 133 páginas, al que ha tenido acceso EFE, tal y como le reclamaron por escrito los fiscales, partidarios de no perdonar la malversación, en caso de que no estuviera de acuerdo con ellos. El fiscal general pide amnistiar a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por la malversación -el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa- y a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados -el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia-.
García Ortiz les ha ordenado que «procedan a cumplimentar los traslados conferidos mediante providencias de 11 de junio de 2024, en el sentido de que los delitos objeto de imputación y condena en la Causa Especial núm. 3/20907/2017 seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación» de la ley de amnistía. Y, por consiguiente, «procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados», que son Puigdemont, Comín y Puig.
13 comentarios
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Que de el la orden y se haga responsable de las consecuencias, este personaje sólo defiende los intereses de Sánchez..
La derecha tiene bien agarrado el poder judicial... Pobres, el fiscal general os está metiendo bien el puño por detrás..... Esperad que luego les llegará a esos dictadores de CGPJ...
Que cosas, los fiscales lawfare ayudando a los jueces lawfare del Procés, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno son los que se niegan a acatar la orden del Fiscal General, basada en la Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña ¡Vigente!. El año pasado los fiscales denunciaron a Consuelo Madrigal, por reunirse los de la Asociación de Fiscales conservadora con Feijóo, e incluso ella participó y habló, contraviniendo la regla segunda del Código Ético de la carrera fiscal, la lealtad institucional, que obliga a tener independencia e imparcialidad. Que raro que la Fiscal General del PP de Rajoy no quiera acatar las órdenes del Fiscal General. Fidel Cadena, tiene mucho que agradecer al PP pues fue el que lo metió de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, además de pertenecer a la asociación de Fiscales, es un colaborador con García Castellón para imputar por terrorismo lo de Tsunamic Democratic ¡Una joya facha!. Otro que tal de la misma asociación conservadora es Jaime Moreno, uno de los que con ahínco pretendio la expulsión de Dolores Delgado cuando era Fiscal General y de los que ahora lo hacen con García Ortiz, otro fa cha redomado. Igual con Javier Zaragoza, uno de los que imputó a Puigdemont por terrorismo ¡¡Nada nuevo en el jardín del Señor!! lo importante es saber como les "pagarán" porque gratis no lo hacen.
Si los jueces españoles o la justicia europea no le paran los pies al Fiscal general, vamos a ser la primera república bananera de Europa en 2 telediarios.
A que esperan todos los fiscales españoles a ponerse en huelga hasta que el impresentable del Fiscal General dimita?.
L€0NiD@$Querrás decir "a los catalanes ni agua"
PiliNadie podía haberlo explicado mejor . Gracias.
Que desastre. El marido de Begoña se ha cargado hasta la separacion de poderes. Como alguien no haga algo este señor nos lleva al caos.
Esta ley es ILEGAL , es como pagar por votos, es como decir si me votas te perdona que hayas robado o hayas matado a alguien, es del mismo nivel, un delito se paga, además si un gobierno hace estas ilegalidades debe ser declarado ilegal y detenido, seamos serios esto es una vendida, o deben dimitir en pleno o deben ser arrestados. Porque sino por regla de tres todos los ciudadanos deben ser amnistiados, ciudad sin ley, serán permitidos todos los delitos, si el gobierno no cumple con la defensa del ciudadano para que está?, ellos fueron elegidos para defender al ciudadano, si no cumplen a la calle, lo que hacen es mirar intereses propios.
“La deriva democrática” (novela de ficción): 1.- Todo comienza con la solemne declaración del PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES. 2.- Vienen unas elecciones, e independientemente de quien las gane, se forma gobierno. 3.- Como que resulta muy difícil y farragoso que el PODER LEGISLATIVO se ponga de acuerdo, el gobierno se acostumbra a utilizar abusivamente la extraordinaria posibilidad de legislar mediante decretos ley. 4.- En cuanto aparecen fricciones con el PODER JUDICIAL, el gobierno utiliza -abusando de nuevo de su facultad legislativa (impropia)- para crear normas de conveniencia que el poder judicial se ve obligado a respetar (porque esa es su función). 5.- De esta manera se cierra el círculo vicioso por el cual, el gobierno se ha hecho con el control de los TRES PODERES (que inicialmente estaban separados).