El Rey sanciona la tercera reforma constitucional, que suprime el término «disminuidos»

Una vez sancionada la reforma, el texto, que se aprobó definitivamente en el Senado el pasado 25 de enero, ha quedado listo para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se fijará su entrada en vigor. El jefe del Estado rubrica todas las normas aprobadas por las Cortes Generales, si bien en este caso, al tratarse de una modificación constitucional, se ha hecho en la Zarzuela en presencia de los poderes del Estado para dar solemnidad al acto.

Juan Carlos I siguió el mismo guion en las dos reformas previas, la de 1992, con Gobierno de Felipe González, y la de 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero. En la primera, que modificó el artículo 13.2 para adaptar la Constitución al Tratado de Maastricht al permitir que los ciudadanos de otros países de la UE residentes en España pudieran concurrir como candidatos en las elecciones municipales, la sanción tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid.

El escenario cambió en 2011, cuando se retocó el artículo 135 para garantizar la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, y se celebró en el Salón de Audiencias de la Zarzuela, el mismo que con Felipe VI.

El acto, que ha comenzado con el saludo del rey a las autoridades, ha durado menos de cinco minutos. El jefe de Protocolo de la Casa del Rey ha leído la comunicación conjunta del Congreso y el Senado sobre la reforma constitucional dirigida al monarca sobre el procedimiento seguido para la reforma, que no requiere referéndum de la ciudadanía al no haberse reunido en las Cámaras el número de apoyos exigido para ello -35 diputados-.

A continuación, en el escritorio de Patrimonio Nacional colocada en la sala delante del tapiz, Sánchez ha rubricado el texto y, a renglón seguido, lo ha hecho Felipe VI. Como testigos han estado la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el del Senado, Pedro Rollán; el del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y el del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte. Tras la foto de familia para simbolizar el apoyo de los altos representantes del Estado a la tercera modificación de la Constitución en 45 años, las autoridades han mantenido una conversación informal a puerta cerrada.

La reforma, pactada inicialmente por el PSOE y el PP, responde a una demanda de las entidades de la discapacidad desde hace dos décadas. En el Senado, contó con el respaldo de todos los grupos políticos, salvo Vox, partidario de sustituir el término 'disminuidos', pero contrario a reconocer una especial protección a las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad y a «blanquear» a Sánchez y su gobierno «ilegal», por lo que su voto fue negativo.