La exdirectora del CNI, ante el juez tras saberse que espió a Aragonès

Esteban ha declarado cerca de una hora por videoconferencia desde los juzgados de Madrid ante el titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, asistida por letrados de la Abogacía del Estado, en una difícil comparecencia por la tensión entre las partes, según fuentes conocedoras de la misma. Y es que la exdirectora del CNI, que fue cesada a raíz del escándalo del espionaje, ha prestado declaración apenas horas después de que trascendiera el contenido de los autos del Tribunal Supremo que autorizaron la intervención del móvil de Aragonès con el programa Pegasus, entre julio de 2019 y marzo de 2022.

Según consta en las resoluciones del juez del Supremo Pablo Lucas, a cuyo contenido ha tenido acceso EFE parcialmente, el CNI planteó espiar el móvil de Aragonès cuando era vicepresidente de la Generalitat que presidía Quim Torra, porque sospechaba que, en paralelo a su papel institucional y desde la «clandestinidad», ejercía funciones de coordinador de los CDR.

De hecho, los servicios secretos no pidieron usar Pegasus en el móvil de Aragonès por su condición de vicepresidente de la Generalitat, sino por su papel de «dirección y coordinación» de las actividades de los CDR, coincidiendo con las protestas contra la sentencia del procés y los meses posteriores. En la querella que presentó contra Esteban y el grupo israelí NSO que comercializa Pegasus, Aragonès detallaba inicialmente tres ataques a su móvil los días 4, 5 y 13 de enero de 2020 -coincidiendo con la investidura de Sánchez-, pero un informe pericial posterior amplió el período en que el teléfono pudo estar infectado a entre julio de 2018 y marzo de 2020.

El Gobierno remitió al juzgado los tres autos del Supremo que avalaron el ataque con Pegasus, que constituye la única documentación secreta relacionada con el espionaje a Aragonès que el Consejo de Ministros ha acordado facilitar, un día antes de que la exdirectora el CNI declarase como investigada ante el juez.

No obstante, inicialmente el titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, había requerido al Gobierno toda la información en manos del CNI relativa a la compra y uso de Pegasus y a las personas que intervinieron en el encargo, adquisición y recepción del programa. Esteban, que fue cesada a raíz del escándalo de Pegasus, admitió en el Congreso que el CNI espió a una veintena de políticos independentistas, entre ellos Aragonès, siempre con el aval del juez del Tribunal Supremo encargado del control de los servicio secretos, pero se desvinculó del resto de escuchas, hasta 65, denunciadas por los partidos soberanistas.