La Audiencia Nacional abre la puerta a clarificar cómo se obtuvieron indicios incriminatorios a través de Encrochat

En concreto, el investigado recurrió la denegación de esas diligencias que considerar necesarias para «contrastar la legalidad del origen de la investigación sobre los hechos» que se le imputan «por entenderla prospectiva». Entre las mismas se incluyen una serie de requerimientos a la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los magistrados explican que las mismas «tienen como objetivo el esclarecimiento del procedimiento de obtención de lo que por ahora son indicios incriminatorios que afectan» al investigado. «Unos indicios cuya obtención pudo haberse» extraído de «datos de comunicaciones privadas, por un procedimiento cuya licitud, como ya se ha dicho, está siendo examinada por varios órganos judiciales de la Unión Europea», recuerda la Sala. Cabe recordar que esta misma semana la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea expondrá este jueves sus conclusiones sobre la legalidad de las comunicaciones intervenidas en Encrochat en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por un tribunal de Berlín. De hecho, la Sala recuerda que «la legalidad de la utilización de tales datos está siendo cuestionada ante diversos tribunales europeos».

70 causas afectadas

Esta cuestión es especialmente relevante para el futuro de numerosas causas abiertas en la Audiencia Nacional. Fuentes de la Fiscalía Antidroga calculan que esa decisión del TJUE podría afectar a más de 70 procedimientos que se han nutrido o que beben de evidencias y mensajes encontrados en ese sistema. Para la Sala, «resulta clara la pertinencia de tales diligencias». «Tampoco puede dudarse de su necesidad, de su aptitud para la finalidad perseguida, de esclarecimiento de la forma de acceso a la información que sustenta los indicios incriminatorios. Y, dada la naturaleza de las diligencias, no resulta descabellado concebir que, una vez evacuadas sea preciso la práctica de otras derivadas, lo que descarta la relegación de aquellas a la fase de plenario. Finalmente, se trata de diligencias cuya práctica es posible, sin que sea previsible que representen una demora sustancial de la instrucción», explican.