Los funcionarios de Justicia aplazan su huelga indefinida hasta después de las elecciones

«El nuevo gobierno ya sabe que tiene un problema que resolver nada más llegar al cargo», advierten los sindicatos, que denuncian que desde que comenzaron sus movilizaciones el pasado 17 de abril no han recibido ninguna propuesta para abrir un proceso de negociación por parte de un Ministerio de Justicia «enrocado y a la defensiva».

Como el conflicto continúa, el comité de huelga «no acepta que se ponga en marcha ningún programa de actuación y recuperación» y recomienda al personal que, en caso de haberlos, no los acepte hasta que se logre una «solución sobre el fondo» del asunto. Los funcionarios, que decidieron por amplia mayoría mantener la huelga tras la convocatoria adelantada de elecciones para el 23 de julio, justifican ahora su decisión por el periodo de vacaciones, que, dicen, ha ocasionado en los últimos días un «lógico descenso en el seguimiento de la huelga indefinida motivado por la necesidad de descanso y en muchos casos también por la necesidad de conciliación».

Una tendencia a la baja en el apoyo del paro al que se une el «agotamiento económico que supone una movilización de tan largo alcance», reconocen los sindicatos. Desde que empezaran el pasado 17 de abril, las movilizaciones han provocado la suspensión de cerca de dos millones de juicios y la paralización de más de 20 millones de actuaciones procesales.

«La gran repercusión pública de las movilizaciones es prueba de que tenemos el apoyo de la sociedad, pero el calendario ha jugado a favor de los que huyen por la puerta de atrás», sostiene el comité de huelga, que reprocha al departamento de Pilar Llop y al Gobierno en general su falta de negociación durante el conflicto.

Asimismo, critican al Ministerio que pactara con letrados de la administración de Justicia primero y con jueces y fiscales después, pero que no haya reconocido las «funciones reales y el papel» que debe corresponderles a los 45.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales. Los sindicatos piden, en concreto, una subida salarial de entre 350 y 430 euros brutos mensuales, así como la negociación de cualquier nueva ley que repercuta en sus condiciones laborales, como las de eficiencia que finalmente no han visto la luz en esta legislatura.

Antes de anunciar el aplazamiento de la huelga, CSIF, STAJ, CCOO y UGT enviaron una carta al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, para denunciar el «desprecio por la negociación colectiva» del Gobierno durante su conflicto. Los miembros del comité de huelga les piden en este texto que se interesen por la situación y que reclamen al Ejecutivo la negociación de una «solución pactada» que permita solucionar el conflicto y restituir la normalidad en la actividad de juzgados y tribunales, según se lee en la carta a la que ha tenido acceso EFE este martes. Los representantes sindicales informan a los mandatarios europeos de que el Ministerio de Justicia no ha atendido sus reivindicaciones, ha mostrado una «pésima gestión» y una «falta absoluta de voluntad de negociación».

«Esta actitud del Gobierno de España no es propia de un gobierno democrático y es contraria a los valores y a los objetivos de la Unión Europea reflejados en los Tratados de los que nuestro país es parte», subrayan en la misiva. Los funcionarios mantienen la huelga general los días 11 y 20 de julio, cuando protagonizarán, respectivamente, una concentración ante el Palacio de la Moncloa y un acto de protesta todavía por definir coincidiendo con la reunión informal de ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea en Logroño.