Irene Montero dice que «la mayoría» de agresores sexuales en España «no pisan» un juzgado

Rodríguez ha puesto en duda el feminismo de Montero cuando, según ha explicado, contrata a una asesora como niñera, utiliza a su escolta como persona de los recados o incluye en su equipo a Isa Serra, «condenada por insultar a una policía mujer». También le ha reprochado que «no tenga nada que decir» sobre «el caso absolutamente repugnante de mordidas, drogas y prostitución que afecta al PSOE». Tras señalar su «irresponsabilidad», junto con la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por llamar a la «participación masiva» en el 8M de 2020, la senadora le ha llamado a pedir perdón por ello, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad por «acusarles de no saber atender a las víctimas», a los jueces por «insultarles y llamarles machistas con toga», a los periodistas «a los que señala injustamente», a los empresarios o al PP por acusarle de «fomentar la cultura de la violación en sede parlamentaria», entre otros.

A su juicio, esto ya sería «motivo de cese», a lo que se uniría la aprobación de la Ley del 'solo sí es sí' y las rebajas de penas a violadores que está ocasionando y el hecho de que, según ha denunciado, «el PSOE está retrasando su reforma». «¿Qué van a hacer cuándo uno de los excarcelados reincida?¿Será ese el momento de dimitir?», ha preguntado Rodríguez, antes de cuestionar a Montero sobre si su pensamiento coincidía con el de una de sus asesoras que asegura que «mayor pena no implica mayor seguridad para las víctimas» de agresiones sexuales. Para la ministra, que tras esta pregunta asintió desde su lugar en el hemiciclo, estas afirmaciones del PP son consecuencia de un desconocimiento sobre la realidad de las violencias sexuales en España. Montero ha explicado a Rodríguez que en el país «solamente se denuncia el 8%» de estas agresiones y, de ellas «solo un tercio suponen condena», lo que, según Montero, hacía del sistema penal anterior «un sistema de impunidad para agresor». «Claro que nos preocupan las rebajas de penas. Pero, por desgracia, la realidad es que la mayoría de lo agresores sexuales de este país no han pisado un juzgado o comisaría en su vida», ha advertido, para indicar que con la nueva ley se amplía la capacidad de proteger a las víctimas sin necesidad de interponer una denuncia.

Además, ha señalado que el PP no avisó de una posibilidad de rebajas de penas durante el trámite de la Ley del 'solo sí es sí', sino «de todo lo contrario». Según la ministra, el principal partido de la oposición se quejó de que se iba «a penalizar hasta decir guapa» y aseguraron que se iba a tener que «firmar un contrato para mantener relaciones sexuales». «Les preocupa que ahora tenga reproche penal cosas que achacaban a la magia del amor pero que son violencia contra las mujeres», ha criticado Montero, para rechazar que los 'populares' quieran regresar al modelo penal anterior a esta norma. En este sentido, ha asegurado que se está «trabajando» para dar «una respuesta unitaria» a la «preocupación» de las rebajas de penas.

La responsable de la Igualdad en España también ha respondido a las críticas del PP en relación a la Ley Trans. La senadora 'popular' alertó de la incertidumbre que supone esta ley para los criterios de paridad, las plazas reservadas a mujeres, las ayudas a emprendedoras, las deportistas, los procesos judiciales por violencia machista o los «espacios de intimidad» de las mujeres. Rodríguez ha recordado a Montero que esta medida le ha llevado a marchar este 8M «entre seguidismo» y no entre feminismo. Según ha explicado, el movimiento estaba «en otro trayecto pidiendo su dimisión». La ministra, por su parte, la ha acusado de «repetir bulos» que «desprenden transfobia». En su respuesta, Montero ha asegurado que la Ley Trans «no modifica la política penitenciaria del país» que también ha aplicado «el Gobierno de Mariano Rajoy» y que determina que «las mujeres trans van a módulos de mujeres incluso sin necesidad de haber cumplido con los requisitos de cambio registral de la mención de sexo». «Desde el año 2006», ha apuntado. En cuanto a los «espacios de intimidad» ha señalado que «no son las mujeres trans quienes los amenazan». «A las mujeres nos agreden en nuestras casas, en nuestros centros de trabajo y lo hacen los agresores», ha explicado. A su juicio, «ningún hombre necesita disfrazarse o hacerse pasar por una mujer o usar la Ley Trans para agredir a una mujer». «Nuestras enemigas no son las mujeres trans, son los agresores y los machistas», ha apuntado.

En la misma sesión en el Senado, la labor de Montero al frente de Igualdad ha sido también cuestionada por Vox. Su senadora Yolanda Merelo ha pedido la «dimisión en bloque» de todo el Ministerio que, a su juicio, «está consagrado» en buscar la «desigualdad», el «odio contra el varón», la «disolución de la familia» o el «enfrentamiento entre españoles». Por el contrario, ha llamado al Ejecutivo a poner en marcha políticas de empleo, de lucha contra la «brecha maternal», el fomento de la natalidad o la concesión de la prestación por desempleo a las empleadas del hogar. La representante de Vox ha criticado que «cada vez cuesta más dinero mantener» el ministerio de Montero y que «cada vez se dude más» de él porque, según ha señalado, «no consigue eliminar la lacra de la violencia contra las mujeres» y no se ocupa de los «verdaderos problemas» de las mujeres, sino del «lenguaje inclusivo», de «acabar con el Día del Padre» o por «las preferencias sexuales de las mujeres».

En su intervención, Montero, ha asegurado que Vox «ofrece a las mujeres mentiras, bulos, negacionismo de la violencia machista y toneladas de odio» que son «insoportables para la democracia» y ha indicado que, frente a «su odio y sus mentiras» el Gobierno de coalición actúa «con más derechos feministas». La ministra ha explicado que el Gobierno de coalición está «construyendo una nueva generación de derechos feministas» y «un escudo social que protege a todas las mujeres» y «especialmente a las más vulnerables». Y, en este sentido, ha destacado la aprobación de la Ley del 'solo sí es sí', la reforma de la Ley del aborto, la Ley Trans, el Plan Corresponsables para «facilitar la conciliación familiar y el cuidado», el Plan Camino para la inserción de víctimas de trata, la Ley Rhodes que «prohíbe el SAP (Síndrome de Alienación Parental) y suspende las visitas ante el primer signo de maltrato», la subida del Salario Mínimo Interprofesional, el Ingreso Mínimo Vital o la ratificación del Convenio 189 sobre las trabajadoras del hogar, entre otras.