La Casa del Rey publicará en su web los contratos superiores a 15.000 euros

Una de las novedades es que se incorpora el principio de publicidad, para lo cual, la institución que dirige Felipe VI contará en su web con un espacio denominado «Perfil del contratante» que recogerá la información y documentos relativos a su actividad contractual para garantizar la transparencia y el acceso público. En los contratos que superen los 15.000 euros, se publicará el anuncio de licitación, los pliegos de condiciones, la adjudicación y el contrato. La Casa del Rey podrá publicar un anuncio de información previa para dar a conocer los contratos que tenga previsto otorgar en los doce meses siguientes.

En cuanto a los contratos menores, cada trimestre informará del objeto, duración, importe de licitación y adjudicación, así como del número de licitadores y la identidad del adjudicatario. No será preceptiva la publicación de los contratos inferiores a 3.500 euros en los que el sistema de pago empleado fuera el de anticipo de caja fija u otro similar para realizar el pago. Otra norma que se incorpora es la del principio de integridad, que obligará a los altos cargos y funcionarios de la Casa del Rey a «tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación».

El conflicto de intereses impedirá participar en el proceso de adjudicación a quien «tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia». La Casa del Rey también fija el principio de igualdad y no discriminación, puesto que dará «un tratamiento igualitario y no discriminatorio a los operadores económicos de todos los Estados del Espacio Económico Europeo». En cuanto a las instrucciones sobre procedimiento presupuestario y contabilidad, el objetivo, según el Palacio de la Zarzuela, es ajustarlas «a las técnicas y principios propios del sector público», respetando la autonomía que la Constitución reconoce al rey para distribuir libremente las partidas que le asigna el Estado.