El fiscal rebaja más de 20 años la petición de pena a Villarejo por espionaje

De los 109 años y 10 meses de cárcel que solicitaba inicialmente para él por servirse presuntamente de su condición policial para lucrarse con proyectos privados, el fiscal solicita ahora una condena de algo más de 80 al retirar la acusación por el delito de cohecho activo, tráfico de influencias y algunos de descubrimiento y revelación de secretos en grado de tentativa. Pero Villarejo no ha sido el único a quien Anticorrupción ha rebajado sus peticiones iniciales de condena, cuyo alcance concreto no ha detallado en su exposición de conclusiones definitivas. En una situación similar se encuentran todos los acusados a quien la Fiscalía situaba en el entorno de Cenyt, empresa tras la que se encuentra el excomisario y donde llegaban esos supuestos proyectos de espionaje.

Es el caso de Rafael Redondo, presunto socio del expolicía y a quien también ha rebajado en una veintena de años su solicitud, situándose en torno a los ochenta años, de acuerdo a las modificaciones anunciadas por el fiscal. La más beneficiada a priori de los cambios sería la mujer del excomisario, Gemma Alcalá, a quien Anticorrupción ha retirado la acusación por todos los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, además del de cohecho activo, que ha eliminado de su escrito para todos los acusados. Como consecuencia, su petición inicial de más de 80 años quedaría en menos de 20 como cooperadora en algunos de los delitos de su marido. Las rebajas en las peticiones se han extendido también a otros acusados como los expolicías Constancio Riaño y Antonio Bonilla, o el hijo de Villarejo, José Manuel Villarejo Gil, que ha visto reducida a la mitad la condena que la Fiscalía solicitaba para él: de los 14 a los 7 años de cárcel.

Sin olvidar tampoco a los acusados que ya antes del juicio llegaron a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de reconocer los hechos, como la empresaria Susana García Cereceda, hija del fallecido promotor de la urbanización de lujo La Finca, en Madrid; o los hermanos Fernando y Juan Muñoz, este último marido de la periodista Ana Rosa Quintana. Además de Villarejo, uno de los principales acusados era el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, el comisario Enrique García Castaño, señalado por la Fiscalía por haber facilitado supuestamente datos confidenciales al primero, si bien el tribunal le dejó fuera del juicio al sufrir un ictus el pasado mes de mayo. Otro de los cambios importantes anunciados durante esta jornada ha sido la retirada de la acusación a uno de los encausados, el funcionario de Hacienda jubilado Antonio Chaparro.

Para el fiscal, ha quedado acreditado que, a través de sus claves y las del policía Javier Fernández, el grupo Cenyt obtuvo y comercializó con datos confidenciales de terceros en el proyecto Iron pero no hay indicios suficientes de que ambos participasen en ello. En el caso de Fernández, también ha retirado la acusación contra él, si bien sigue pidiendo una condena por su supuesta participación en el proyecto Pintor. Una de las sorpresas de la jornada ha sido la retirada de toda acusación por parte de una de las víctimas de este último proyecto, el exjuez Francisco Javier Urquía, a quien supuestamente algunos acusados intentaron extorsionar con un vídeo suyo.

Antes de que el fiscal anunciase sus conclusiones definitivas, su abogado ha anunciado que el exjuez otorgaba el perdón a todos los acusados en esa pieza, a diferencia del otro perjudicado. Con el anuncio de las conclusiones definitivas del fiscal, cuyo escrito aún deben trasladar al resto de partes, y del resto de acusaciones, incluida Podemos, este juicio, que comenzó el 13 de octubre, entra ya en su recta final y se reanudará el 11 de julio con las conclusiones de las defensas. Es el primero al que se enfrenta Villarejo dentro de las más de treinta líneas de investigación que tiene abiertas en la Audiencia Nacional y gira en torno a tres proyectos: Iron, un supuesto espionaje de un despacho de abogados a la competencia; Land -en torno a la disputa familiar entre las herederas de la urbanización de lujo La Finca en Madrid-, y Pintor -otro espionaje que habrían encargado unos empresarios, entre ellos Juan Muñoz.