Garzón (i) visitó la Feria de Abril de Sevilla junto a otras autoridades. | Efe

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El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha calificado de «sumamente grave» la intervención del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a independentistas y ha proclamado que «en democracia no es legítimo investigar y espiar a dirigentes de la oposición». También ha dicho que, en su caso personal, «honestamente» desconoce si ha podido ser espiado mediante el programa 'Pegasus' y, por eso, espera que la revisión de los terminales móviles de miembros del Ejecutivo «de sus frutos» cuanto antes.

No obstante, ha remarcado que es preocupante que la «posibilidad» y «sospecha» exista y por eso hay que esclarecer todos los aspectos de este caso, para luego «actuar en consecuencia» porque el espionaje «no cabe en democracia». Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación, tras inaugurar las jornadas 'El juego de mesa como herramienta en logopedia y psicología', organizadas por la Universidad Complutense de Madrid, y tras confirmarse que los servicios de inteligencia espiaron con autorización judicial a una veintena de personas vinculadas con el soberanismo catalán, entre ellas el presidente catalán, Pere Aragonés.

Para el también coordinador federal de IU, hay que ser consciente de que este asunto tiene una «afectación muy nociva» para la democracia y que «cualquier demócrata» debe pedir una investigación «exhaustiva», esclarecer de forma minuciosa lo que ha pasado, cuál ha sido el «detonante» de esta actuación y tomar medidas, tanto el ámbito político como administrativo, para corregir lo ocurrido.

Preguntado sobre si las relaciones del Ejecutivo con ERC han empeorado, Garzón ha reconocido que es «normal» que las «víctimas de este espionaje estén profundamente molestas», dado que ya han sido confirmados esos seguimientos. Y es que Garzón ha enfatizado que se les «ha invadido su privacidad y derechos políticos». Por tanto, ha proclamado que toca ser «comprensivos» y «empáticos» con los afectados, para instar a «resolver» este asunto y llamar a «no poner en riesgo» los procesos políticos en marcha con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las mayorías sociales.