El Defensor del Pueblo pide desarrollar «eficazmente los protocolos de detección» ante abusos a menores tutelados

En una intervención en el Congreso de los Diputados para presentar el Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada en 2021, Gabilondo ha avisado de que la emergencia humanitaria provocada por la invasión rusa de Ucrania que ha provocado el desplazamiento de 4 millones de personas, puede «postergar» la resolución de protección de otras personas migrantes que la hayan solicitado en España.

«Esta emergencia podría postergar la resolución de protección de otras personas que llevan esperando tiempo la resolución de su caso», ha advertido Gabilondo. Esto podría ocurrir, según ha precisado, ya que la guerra en Ucrania «ha generado la salida de 4 millones de personas y muchas de ellas están llegando a España», casi un 40 % menores, lo que «requiere un singular esfuerzo para acogerles y que emprendan aquí una vida digna y segura».

En este sentido, Gabilondo también ha llamado a la ciudadanía a «una solidaridad responsable» y a una «acogida organizada» que conjugue «la legítima aspiración de brindar acogida con una distribución racional eficiente de recursos públicos».

El Defensor del Pueblo ha hecho un repaso de los temas que componen el informe y se ha detenido, entre otros asuntos, en el apartado dedicado a la violencia contra la mujer. En este sentido, ha subrayado que son «imprescindibles» intervenciones para «mejorar la detección de riesgo, también en los puntos de encuentro familiar» y facilitar los recursos disponibles.

Entre otros temas, también ha hecho hincapié en el problema de los asentamientos sin condiciones mínimas de habitabilidad y ha pedido que sea prioritario para las administraciones públicas «erradicar el chabolismo y la infravivienda» y, mientras tanto, que se cubran las necesidades básicas de suministro eléctrico y agua potable. En concreto, se ha referido al caso de unos 4.000 vecinos de la Cañada Real Galiana, en Madrid, 1.800 de ellos niños y niñas, sin luz desde hace más de 500 días, un problema que «desgraciadamente sigue sin resolverse».

Gabilondo ha recordado que el Gobierno señaló en noviembre que financiará un tercio de los realojos y las otras administraciones (Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y de Rivas), el resto. Si bien, el Defensor ha apuntado que les preocupa «cómo afrontar, mientras, esta verdadera emergencia humanitaria». Sobre el caso del menor de Canet de Mar y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obliga a impartir un 25% de la enseñanza en castellano, Gabilondo ha indicado que está «a la espera» de ver lo que dice el Tribunal.

Respecto al caso de los abusos a menores tutelados, ha insistido en que la cuestión se mantiene abierta en Baleares y la Comunidad de Madrid y ha pedido que «se desarrollen y apliquen eficazmente los protocolos de detección temprana en los centros de menores». Sobre el caso de la Comunidad Valenciana, ha recordado que se encuentra judicializado.

Gabilondo también ha recordado que este jueves se celebra el Día Mundial de la Salud «en este año y con la confianza en la superación de la pandemia» y ha dicho que será el momento de comprobar con las administraciones «hasta qué punto» los planes que se han puesto en marcha son «efectivos» y permiten «el impulso para la mejora de la atención sanitaria en todos sus niveles incidiendo servicios cuya debilidad se ha hecho más evidente en esta crisis».

El Defensor ha precisado que el informe «no clausura, no zanja los problemas de la ciudadanía» y ha añadido que hay que seguir señalando su evolución y activando los procedimientos oportunos. En el turno de portavoces, los diputados han hecho mención, entre otros asuntos, a los refugiados de la guerra de Ucrania y a las «vidas sesgadas de niños inocentes», tal y como ha precisado el diputado del PSOE Mariano Sánchez Escobar; y a las mujeres y niños víctimas de violencia de género, una realidad que se presenta «con crudeza», según ha indicado el diputado del PP, Celso Luis Delgado.

Por su parte, el portavoz de VOX Julio Utrilla ha lamentado que al Defensor «le pareciera desproporcionada» la actuación de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el salto de la valla de Melilla que, a su juicio, «lucharon como gladiadores». Otro tema que han puesto sobre la mesa varios diputados ha sido el de las residencias de mayores que han pasado por una situación «absolutamente lamentable», tal y como ha asegurado Martina Velarde de Unidas Podemos, así como el problema de la exclusión financiera.

Además, la diputada de Esquerra Republicana María Carvalho ha centrado su intervención en los derechos de las personas migrantes y la necesidad de «garantizar los derechos de los solicitantes de asilo pendientes de recurso»; Sergi Miquel i Valentí, del PDeCAT, ha propuesto a Gabilondo incluir en su informe un calendario vinculado al uso de la mascarilla; y Néstor Rego, de BNG, ha echado en falta «recomendaciones para corregir la vulneración de los derechos lingüísticos» de quienes hablan una lengua cooficial, una reivindicación de la que también se ha hecho eco el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea.

Por otro lado, la portavoz de Ciudadanos Sara Giménez ha pedido una investigación «profunda» sobre el caso de Canet de Mar y ha reclamado la «independencia» de la figura del Defensor; Isidro Manuel Martínez Oblanca, de Foro Asturias, ha pedido a Gabilondo un informe específico sobre la actuación de las administraciones ante la «catástrofe» de la pandemia de la Covid-19; y Tomás Guitarte, de Teruel Existe, ha lamentado que en el informe del Defensor no hay un «epígrafe específico» para agrupar las quejas sobre la despoblación.