«Esto nos obliga a seguir trabajando con nuestros colegas europeos y con nuestros actores económicos», según Ribera, quien ha garantizado que, si en un determinado momento logran configurar medidas que puedan ser eficaces para «dar estabilidad», evidentemente las llevarán al Consejo de Ministros.
«Pero es prematuro pensar si esas medidas que todavía están por identificar con claridad van a aparecer o no en el horizonte o, en su caso, cuándo se podrán aprobar», ha señalado la vicepresidenta durante una rueda de prensa ofrecida en Murcia al ser preguntada por si está ya trabajando en un nuevo decreto para rebajar la factura de la luz.
«Nosotros no hemos dejado de trabajar en cómo impulsar las medidas estructurales que nos permitan disponer de energía barata, limpia, a precios estables y predecibles desde el primer día», tal y como ha destacado la ministra, quien ha valorado que las medidas estructurales son las más importantes.
En este sentido, ha lamentado que «lo que estamos viviendo es consecuencia de la volatilidad del precio del gas en los mercados internacionales». A este respecto, ha explicado que el Gobierno de España ha intentado «asegurar cada una de las medidas que nos permitan garantizar la máxima producción a los consumidores vulnerables y la mínima afección del precio del mercado mayorista a la factura de los ciudadanos».
«Y esto es lo que nos permite decir que, una vez que hemos reducido en casi un 60% la carga fiscal y más de un 90% los costes fijos de nuestra factura, los costes medios de la factura de los hogares en España se va a mantener en el entorno de lo que pagaron en 2018 a finales de año», ha señalado la vicepresidenta.
Sin embargo, cree que «todavía sentimos que hay varias cuestiones preocupantes en el horizonte». La primera, añade, es «constatar la baja cobertura que tenía la industria española».
Aunque la industria tuviera una estructura de costes fijos en los que la energía representaba mucho, ha señalado que «no tenía demasiada energía contratada a precios fijos a largo plazo». Por tanto, ha explicado que el sector «iba cada día a comprar su energía al mercado; y en la medida que ese mercado se ha disparado, le afecta de forma muy importante».
Al respecto, ha manifestado que su Ministerio está trabajando con la industria y con las compañías eléctricas, «incluidas las comercializadoras y las compañías, que a veces son pequeñas plantas, pequeños productores y a veces son más grandes que producen energía renovable que está sometida a un régimen especial, con una rentabilidad razonable fijada».
A su juicio, «hay que trabajar en paralelo también para facilitar que las pequeñas operadoras independientes que tampoco tenían cubierta toda la electricidad que luego venden a sus clientes, puedan superar este bache en la mayor medida posible». El objetivo es que puedan solventar «ese desajuste tan importante entre el precio al que tienen comprometida la venta de la electricidad y el precio al que ellos la compran».
«Y creemos que también es importante el reforzar y asegurar la cuestión de los consumidores vulnerables», según Ribera. Por eso, ha justificado las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno central la semana pasada, que han implicado el incremento de la obligación de servicio público de las grandes comercializadoras eléctricas «para hacer un descuento muy notable en el precio de la energía y de su factura».
«Por eso es por lo que incrementamos también el peso de la protección de los consumidores vulnerables, tanto de gas como de electricidad frente a los posibles cortes de suministro», ha concluido.
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