Así lo ha confirmado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una interpelación en el Congreso, en la que ha señalado que la limitación de precios del alquiler atendiendo a los índices de referencia «no va a ser una práctica universal ni generalizada».
«Hay supuestos en los que se aplicará y en otros supuestos se aplicará el sistema de incentivos fiscales», ha recalcado Sánchez en respuesta al diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas, que le ha acusado de «decir una cosa y hacer otra» y de «claudicar ante las medidas populistas de Podemos».
La ministra ha negado que el anteproyecto de ley se vaya a presentar «sujeto a presiones», y ha sostenido que es «fruto del consenso» y de «meses de análisis y trabajo riguroso para encontrar el equilibrio entre el derecho a la propiedad y el derecho de acceso a la vivienda».
Ha subrayado que la ley va a «garantizar la seguridad jurídica, remover ineficiencias y establecer el marco para que las comunidades autónomas puedan adoptar las disposiciones y programas más adecuados».
«Es una ley garantista, que se aborda extremando el rigor jurídico, sobre todo para que no quepa ninguna duda sobre su constitucionalidad», ha recalcado Sánchez, convencida de que considerar que la vivienda «no es un mero bien de mercado no significa que se vulnere el derecho a la propiedad».
A su juicio, ser propietario implica unos derechos pero también obliga a «hacer un uso adecuado de la vivienda conforme a su calificación y su estado y a no desviarla del interés y la función social que le corresponde».
En esa línea, la ley considerará el parque público de vivienda social como patrimonio sujeto a permanente protección y no podrá ser enajenado, como se ha producido en el pasado.
Definirá la vivienda vacía como aquella que esté desocupada más de dos años, en caso de propietarios con un mínimo de cuatro viviendas, y que dará la posibilidad a los ayuntamientos de aplicarles un recargo de hasta el 150 % de la cuota líquida del IBI.
La ley también pretende mejorar la situación de las familias vulnerables que son objeto de desahucios, garantizando la comunicación efectiva y rápida entre los jueces y los servicios sociales para protegerlas.
Otras medidas que ha destacado la ministra son la reserva del 30 % del suelo urbanizado en las nuevas promociones para vivienda pública y, de ese porcentaje, la mitad para alquiler.
Ha confirmado, asimismo, que la declaración de zonas de mercado tensionado implicará a las administraciones competentes con la elaboración de un «plan de acción» para corregir esas situaciones, además de establecer sistemas de contención y bajadas de precios.
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