A la derecha, el ministro José Luis Escrivá, en un encuentro organizado por Nueva Economía Forum. | Fernando Alvarado

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El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha cerrado este lunes con patronal y sindicatos un acuerdo para el primer paquete de reforma de las pensiones, según han informado fuentes del diálogo social.

El acuerdo, tras meses de negociaciones, se ha sellado en la reunión de la mesa convocada este lunes y solo queda pendiente de la ratificación formal de los órganos de dirección de la CEOE, algo que previsiblemente ocurrirá mañana, ya que los negociadores de UGT y CCOO tenían el mandato para poder aprobarlo en la mesa.

Desde el Ministerio de Seguridad Social señalan que el texto del acuerdo recoge tanto las recomendaciones que el Pacto de Toledo aprobó el pasado otoño como las reformas recogidas en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La reforma supone que las pensiones vuelvan a revalorizarse con la inflación por ley así como derogar expresamente el factor de sostenibilidad de la reforma del PP de 2013.

También incluye diversas medidas para acercar la edad real de jubilación a la legal y el compromiso para que el Estado asuma parte de los denominados «gastos impropios» de la Seguridad Social.

En un comunicado conjunto, los sindicatos han destacado que la reforma supone la inclusión del compromiso del Estado como «garante» público del sistema de pensiones, incluyéndose en la Ley General de Seguridad Social una cláusula mediante la que anualmente se realizará una transferencia a través de los Presupuestos Generales del Estado por un 2 % del PIB, alrededor de unos 21.000 millones.

Se culmina así el cumplimiento del principio de separación de fuentes y se garantiza cerca de la mitad del incremento de financiación adicional que se prevé que necesitará el sistema de pensiones para 2050, momento clave del incremento del gasto por la jubilación del denominado «baby boom», añaden.

El acuerdo de pensiones, explican, supone también una revisión del modelo de jubilación anticipada «reduciendo de forma generalizada los coeficientes reductores», dando «mayor equidad» a las reglas de jubilación anticipada y ampliando los derechos de jubilación en varias modalidades.

Se igualan también, detallan los sindicatos, los derechos vinculados a los periodos de servicio social femenino obligatorio al que ya disfrutaban los del servicio militar.

También se desarrollan otras medidas como la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización para las becas o la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, entre otros.

En rueda de prensa posterior a una reunión con IU, el líder de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que este acuerdo es «una palanca muy potente» para asegurar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones y que requiere medidas de ingresos.

«Si hay voluntad política para pagar las pensiones, habrá pensiones en el futuro», ha dicho el secretario general del sindicato, momentos antes de darse por cerrado este acuerdo que permitirá sacar adelante un primer paquete de medidas para reformar el sistema de pensiones.

Desde UGT, la secretaria de Políticas Europeas, Mari Carmen Barrera, ha considerado que este acuerdo es «inteligente», «equilibrado» y «uno de los más importantes de la última década en materia de diálogo social», convirtiéndose así en «la antítesis de la reforma de pensiones de 2013».

«No gusta a los apóstoles de los recortes porque es bueno para los pensionistas y para el sistema de pensiones y demuestra que la reforma de pensiones de 2013 fue injusta e innecesaria», ha dejado claro Barrera.