La abstención de PSOE frena la ley trans

Las diferencias entre los socios de Gobierno, que mantienen bloqueado el proyecto de ley trans elaborado por el Ministerio de Igualdad, han quedado patentes este martes en la Cámara Baja, donde tanto PSOE como Unidas Podemos han reiterado sus posturas dispares.

La formación morada defiende que se pueda cambiar de sexo en el Registro con la sola declaración del interesado y los socialistas exigen seguridad jurídica, convencidos de que el Constitucional tumbaría una ley así. Con ese argumento el PP ha votado en contra de la toma en consideración, junto a Vox.

La proposición de ley trans, registrada por ERC, JxCat, Más País, Compromís, la CUP y Nueva Canaria, despatologizaba la transexualidad y regulaba la autodeterminación de género, el cambio de sexo registral sin necesidad de informe ni tratamiento médico, igual que el borrador diseñado por Igualdad y bloqueado por la Vicepresidencia Primera de Carmen Calvo.

La ministra Montero ha subido a la tribuna para pedir perdón por el retraso del proyecto del Ejecutivo y ha prometido que la autodeterminación formará parte de la legislación española en esta legislatura. «Tenemos una deuda con ellas, ellos, elles y vamos a saldarla aunque no sea tan pronto como a me gustaría», ha dicho Montero, quien ha emplazado al Parlamento a alcanzar un consenso de cara a la celebración del próximo Orgullo.

Durante el debate, la diputada socialista Susana Ros ha justificado la abstención de su grupo recordando que el Gobierno prepara una ley, consensuada con los principales colectivos LGTBI, que está «muy cerca» de llegar a la mesa del Consejo de Ministros, pero ha reconocido también discrepancias «de fondo» con la proposición debatida este martes.

Ros ha admitido la necesidad urgente de despatologizar la transexualidad, pero ha dudado de la constitucionalidad de la libre determinación del sexo en el registro, al margen de los procesos habituales: «Para el PSOE tan importante es garantizar los derechos del colectivo LGTBI como evitar su posible impugnación».

A su juicio, la proposición presentaba «deficiencias» en distintos apartados, desde el sanitario al deportivo o el laboral, y ha asegurado que la vía de las enmiendas no es suficiente para subsanarlas.

Desde el PP, Marga Prohens ha criticado también la falta de «seguridad jurídica» de un texto que, ha dicho, utiliza a las personas trans como «arma electoral», como una «lucha de poder» entre el PSOE y Podemos.

«El PSOE no puede dejarse arrastrar», ha incidido Prohens, quien ha denunciado que el texto llegue a la Cámara Baja sin consenso social ni político y que trate de modificar «por la puerta de atrás el concepto jurídico de sexo por género» sin preguntarse qué pasa con las leyes que protegen a las mujeres.

Por su parte, Lourdes Méndez, de Vox, ha considerado inconstitucionales varios preceptos y ha rechazado que se pueda reconocer el derecho a la libre identidad de género sin ir «en contra de la biología» o «experimentar» con menores, permitiendo su hormonación.

Méndez ha instado también al PP a derogar las legislaciones autonómicas que ya existen y que los populares apoyaron, de Madrid a Murcia.

Entre los partidos proponentes del texto, Pilar Vallugera (ERC) ha denunciado la «falta de valentía» del PSOE, con lo que «los derechos humanos de las personas trans siguen aparcados» y tanto Iñigo Errejón (Más País) como Pilar Calvo (JxCat) han instando sin éxito a los socialistas a reformar el texto en su trámite parlamentario, sin bloquearlo.

La iniciativa sí ha concitado el apoyo de Ciudadanos, cuya portavoz, Sara Giménez, ha lamentado las «luchas internas» en el Gobierno, y del PNV, que ha criticado que el proyecto del Gobierno «hiberne en el congelador de Moncloa».

Las reivindicaciones trans quedan así a la espera de las negociaciones entre Igualdad y Moncloa, que previsibilmente derivarán en un texto conjunto que unirá el borrador de la ley trans y el de la ley de igualdad LGTBI diseñados por el departamento de Irene Montero.

Desde la Moncloa se insiste en que la legislación debe cumplir con la Constitución y dar garantías jurídicas para que ningún colectivo pueda ver frustrados sus derechos en caso de que la ley sea recurrida ante el Tribunal Constitucional, algo previsible.

Fuera del Congreso se han concentrado a lo largo de la jornada colectivos feministas que creen que la ley trans «borrará» a las mujeres y desdibujará sus derechos y también asociaciones de personas trans, que, decepcionadas, han pedido al PSOE que este año no vaya a su fiesta del Orgullo.