Llarena ha dictado un auto en el que acuerda la libertad provisional de Serret, de manera que deja sin efecto la orden de busca y captura sobre ella y la situación de rebeldía de la misma tras haberse puesto hoy voluntariamente a disposición del Tribunal Supremo para la continuación de las actuaciones conforme a derecho.
Eso sí, el juez no la ha retirado el pasaporte ni le ha impuesto la prohibición de salir del país, tan solo estará obligada a designar domicilio y teléfono donde pueda ser localizada y comparecer ante el Supremo cuantas veces fuere llamada, con apercibimiento de que cualquier incumplimiento de estas obligaciones conllevaría la modificación de su situación personal.
Asimismo, le ha citado el próximo 8 de abril para que preste declaración ya con la participación de las partes personadas.
La exconsellera de Agricultura, procesada por los delitos de malversación y desobediencia tras el referéndum unilateral del 1-O, se había personado por sorpresa esta mañana en el Supremo con la finalidad de ponerse a disposición del tribunal y regularizar su situación procesal de rebeldía.
Serret es una de los cinco miembros del Govern de Carles Puigdemont que huyó del país tras la declaración unilateral de la independencia (DUI) en octubre de 2017 junto al propio president y los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig.
No obstante, era la única de los cinco políticos fugados en Bélgica sobre la que no pesaba una orden europea de detención y entrega porque la sentencia del «procés» dictada el 14 de octubre de 2019 despejó su horizonte procesal y la situó en una situación menos gravosa, hasta el punto de librarse previsiblemente de la prisión.
Esto es así porque Serret fue procesada por malversación de caudales públicos y desobediencia, al igual que los exconsellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, quienes, sin embargo, fueron condenados por desobediencia y no por malversación al no haberse acreditado que sus departamentos realizaran pagos concretos por la organización del 1-O, como pasa con la Conselleria de Serret.
Y la pena prevista para el delito de desobediencia es de multa e inhabilitación para empleo o cargo público de hasta dos años.
Por este motivo, el juez Llarena no cursó una euroorden contra ella, aunque sí mantuvo vigente la orden nacional de detención para tomarla declaración y continuar el procedimiento, una orden que tras el paso dado por Serret ha decaído.
Desde ERC han indicado que Serret, que ocupaba hasta hace poco tiempo el cargo de delegada de la Generalitat en la UE, es consciente de que su retorno implica «riesgos», aunque, dice, «la decisión estaba muy meditada».
Considera, en este sentido, que «es la decisión correcta, y el paso lógico» en su «lucha para contribuir a poner fin a la represión contra el independentismo por parte del Estado español».
Añade que, al asumir estos riesgos, está «abriendo camino para todos los compañeros» que se encuentran en su misma situación porque, aunque su decisión es individual, «puede tener implicaciones políticas y colectivas» en procesos judiciales contra otros independentistas.
La intención de Serret, que prevé viajar a Cataluña en las próximas horas, es «poder tomar posesión del acta de diputada» que obtuvo en las elecciones catalanas del 14F como candidata número dos de ERC por Lleida, ya que desea «hacer política desde Cataluña».
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