Este es el nuevo perfil del 'okupa' en España

Esta es una de las mayores preocupaciones de los propietarios, ya que el proceso de desalojo puede llegar a ser bastante lento y costoso. En julio de 2018 entró en vigor la Ley 5/2018, que modificaba la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, más conocida como 'ley de desahucio exprés'.

Esta normativa incluye novedades para agilizar la devolución de la vivienda ocupada mediante la vía civil. El propietario tiene que presentar una demanda de recuperación inmediata de la vivienda y los ocupantes tienen un plazo de cinco días para justificar que viven allí.

De este modo, se abre un plazo de 30 días para recuperar el inmueble, aunque en ocasiones puede retrasarse unos meses, sobre todo si los okupas presentan documentos falsificados.

En este sentido, «la ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en uno de los mayores problemas al que se enfrenta el mercado del alquiler», indica la directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), Beatriz Toribio, en declaraciones recogidas por Idealista.

Algunas administraciones autonómicas y municipales han desarrollado marcos regulatorios que «favorecen el fenómeno de la ocupación frente a derechos consagrados en la Constitución como el de la propiedad privada», añade la experta. Además, aclara, no se ha resuelto el problema real, «que es promover una alternativa habitacional para los colectivos más vulnerables».

Los profesionales destacan que años atrás el perfil del okupa solía coincidir con una persona o una familia con situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica. Sin embargo, también existen profesionales que se dedican a la okupación como un negocio.

Estos okupas son profesionales que saben en qué momento proceder a la ocupación, que normalmente se realiza «en el momento de la entrega de las llaves a los verdaderos propietarios o inquilinos», destaca el promotor y director de Noucastor, Manel Roger. En estos casos, cambian las cerraduras y suelen ocupar prácticamente el edificio «para luego vender los pisos a personas que quieren realmente okupar por 1.200 o 1.500 euros».