La ministra de Educación, Isabel Celaá, preside este jueves una Conferencia Sectorial telemática en la que tratará de llegar a acuerdos con las comunidades autónomas sobre el final del curso escolar afectado por la crisis sanitaria, y que incluye hacer la prueba de acceso a la Universidad, EBAU.
La desescalada del estado de alarma permite que en la Fase 1, puesta en marcha el 11 de mayo en algunas comunidades, los colegios abran para la desinfección de los centros así como para tareas administrativas.
Y en la fase 2, prevista a partir del 25 de mayo, incluye la vuelta voluntaria a clase de alumnos de cuarto de la ESO, segundo de Bachillerato, segundo de Formación Profesional e Infantil hasta 6 años para familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización.
Pero aún hay muchas incógnitas sobre cómo se van a llevar a cabo esas fases en el ámbito educativo y la conveniencia de reabrir las aulas.
Algunas como País Vasco se han pronunciado sobre el tema, delegando en cada centro educativo la decisión sobre la vuelta a las clases mientras que la portavoz del Gobierno extremeño, Isabel Gil, ha comentado que se tienen "muchas dudas de cómo acometer" esta desescalada educativa.
La ministra y las autonomías también plantearán cómo llevar a cabo la EBAU, sobre la que el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha afirmado que deben concretarse medidas tanto para la llegada de los alumnos como durante el examen y no ha desechado la posibilidad del uso de mascarilla entre estos alumnos.
Se tratará también cómo será el comienzo del próximo curso a partir de septiembre, que no podrá ser igual que en años anteriores, aunque siempre supeditados a las advertencias sanitarias, han comentado a Efe fuentes educativas.
Desde el sindicato CSIF se ha destacado que existe «una gran preocupación entre la comunidad educativa por la falta de planes y la diversidad de posiciones de las consejerías del ramo».
Y el Sindicato de Estudiantes rechaza la vuelta a las aulas al considerar que si no hay las máximas medidas de seguridad los centros se convertirán «en lugares de contagio», por lo que se niegan a «a poner en riesgo» sus vidas.
«¿Cómo podremos garantizar la distancia de 1,5 metros entre pupitres con aulas totalmente masificadas? ¿El Ministerio de Educación repartirá mascarillas a los estudiantes, a los profesores y a los trabajadores de nuestros centros? ¿Asegurarán la desinfección de las aulas y tests para todo el mundo? ¿Cómo organizarán un transporte público que suele ir abarrotado?», son algunas preguntas desde este sindicato estudiantil.
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