Durante su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo, el exministro ha explicado que durante 2016 y 2017 el Gobierno tenía un férreo control de las cuentas de Cataluña y, cuando el Ministerio que él dirigía detectaba «algún tipo de irregularidad», lo denunciaba.
Hasta en siete ocasiones, ha admitido Montoro, lo hizo ante la Fiscalía General del Estado o la del Tribunal de Cuentas, una cantidad que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que le ha precedido en el turno de declaración, ha elevado a nueve.
Según el exministro, no es incompatible que se den irregularidades pese a la intervención de cuentas, en tanto que en el momento en que se detectan algunas se remite a los investigadores, que están asesorados por personal del Ministerio de Hacienda.
«Lo que deben entender es que una cosa es el control presupuestario y contable y otras las investigaciones de los tribunales», ha explicado el exministro.
Es más, no se puede excluir que se hayan producido dichas irregularidades en este caso «por razón de que un análisis contable y presupuestario siempre puede resultar defraudado o engañoso y para eso están las investigaciones de tipo policial y judicial».
A preguntas del fiscal, Montoro ha hecho referencia a la famosa frase que pronunció aquellos días en la que reconoció que desconocía «con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1-O ni la manutención de Puigdemont» pero que estaba seguro que «no con dinero público».
Lo que quería decir, ha explicado, es que la Generalitat «no tenía posibilidad» de convocar un referéndum con fondos públicos, que «no podía hacerse materialmente esa convocatoria de referéndum porque la autoridad convocante no tenia presupuesto».
«¿Qué clase de convocatoria es la que se hace sin un presupuesto publico? Es una situación muy difícil de definir», ha precisado.
Montoro también ha recordado que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, acusado en este juicio de rebelión por el que se le pide 25 años de cárcel, le remitió una carta en la que se desentendía de seguir enviando información contable.
La «obligación» del Gobierno entonces no fue responder con una carta «sino con una decisión»: «Sustituimos a la propia administración autonómica. Los proveedores eran pagados por la propia administración general del Estado».
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