El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (d), y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, durante la reunión que han mantenido en el Palacio de la Moncloa. | Emilio Naranjo

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La reunión que han mantenido este martes en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, para analizar el nuevo escenario que se abre en Cataluña tras la investidura de Quim Torra, ha concluido hacia las 10:20 horas, tras 45 minutos de encuentro.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder socialista, Pedro Sánchez, han acordado ofrecer una respuesta «pactada y proporcional» en defensa de la legalidad en Cataluña frente «a cualquier eventual desafío», según un comunicado conjunto tras la reunión que han mantenido en la Moncloa.

Este acuerdo queda abierto a «todas las fuerzas políticas» tanto a las que apoyaron la aplicación del 155 como «a cualquier otra que desee mostrar su compromiso con las instituciones y el cumplimiento del ordenamiento jurídico».
Además, en el comunicado Rajoy y Sánchez han trasladado a la sociedad un mensaje de «serenidad y firmeza» en defensa de la «concordia civil, la legalidad vigente y la unidad de España», y se han comprometido a reforzar su acuerdo político a favor del orden constitucional en España y ante «los socios europeos».

En el comunicado, Rajoy y Sánchez han justificado este acuerdo en la situación creada ante la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat por su «discurso político frentista y el carácter xenófobo de sus manifestaciones públicas».

Tanto el presidente del Gobierno como el secretario general de los socialistas han dejado claro el rechazo a cualquier intento de poner en marcha estructuras políticas «distintas a las únicas válidas, que son aquellas contempladas en la Constitución y el Estatuto de autonomía de Cataluña».

Rajoy y Sánchez se han comprometido a que se vigile el cumplimiento de la legalidad y que esa «vigilancia» se haga extensiva a los recursos públicos que conforman el presupuesto de la Generalitat «para garantizar que se destinen al cumplimiento de los fines de interés general para el que están previstos».