La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión, tras rechazar plantear una cuestión de inconstitucionalidad a la reforma de la ley de justicia universal, tal y como planteó el juez Santiago Pedraz cuando acordó el sobreseimiento de este caso, en cumplimiento de la doctrina del Supremo sobre la aplicación de la nueva norma.
Los magistrados -Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Antonio Díaz Delgado- han resuelto así en un auto los recursos planteados por la familia de Couso y de la Asociación Libre de Abogados (ALA) en los que pedían desestimar el archivo definitivo del caso y plantear cuestión de inconstitucionalidad contra los artículos 23.4, 5 y 6 y la Disposición Transitoria Única de la reformada ley de justicia universal.
En lo único que la Sala les da la razón es en modificar el sobreseimiento definitivo por el sobreseimiento recogido en la Disposición Transitoria de la ley, que establece que el archivo sólo se mantendrá mientras no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para los que los tribunales españoles dispongan de jurisdicción. Es decir, mientras ninguno de los supuestos responsables se encuentre en territorio español.
Se trata de un tipo de sobreseimiento, explican los magistrados, similar al provisional pues «una vez archivado el procedimiento, si en algún momento posterior se constata que concurren los requisitos para activar la jurisdicción española en el delito enjuiciado, por ejemplo la presencia de los acusados en territorio, el sobreseimiento quedará sin efecto y el procedimiento debe reiniciarse».
Esta decisión afecta por tanto a los tres militares estadounidenses procesados por este caso: el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip DeCamp.
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