En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Miguel Ángel Aguilar acusa al joven ultra por un delito contra la integridad moral, otro contra los derechos fundamentales y las libertades públicas en su modalidad de provocación a la discriminación, al odio o a la violencia por motivos xenófobos y racistas, y de una falta de lesiones.
Según el fiscal, el acusado, que tiene una ideología nacionalsocialista, se puso de acuerdo con dos menores de edad -contra los que se sigue un procedimiento paralelo en la jurisdicción de menores- para menoscabar la integridad física y denigrar la dignidad de las personas «por el simple hecho de ser de origen extranjero y el color de su pelo o rasgos físicos».
De esta forma, el 28 de junio de 2014, guiados por un móvil racista y xenófobo, según el fiscal, los tres jóvenes seleccionaron a un pasajero del metro de Barcelona, en la línea 1, al ver sus rasgos asiáticos, ya que era natural de Mongolia, y se repartieron sus funciones para agredirle, jactarse de ello, grabar el episodio y difundirlo en las redes sociales.
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