El extenso interrogatorio, en el que ha respondido a todas las partes personadas -Fiscalía Anticorrupción, Abogacía del Estado y su abogado, Cristóbal Martell- ha finalizado a las 15.50 horas, tras cinco horas de declaración para responder por delito fiscal y blanqueo en relación a movimientos sospechosos de divisas durante ocho años (2004-2012) en trece países por 32 millones de euros.
De las cinco horas que ha durado el interrogatorio, cuatro de ellas han sido para contestar a las preguntas del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor de esta causa, han informado fuentes jurídicas.
Al término de la comparecencia, Pujol Ferrusola, vestido con pantalón gris, americana azul y una cartera de piel en la mano, abandonaba la sede de la Audiencia Nacional junto a su abogado, en un taxi, tal y como hizo para trasladarse esta mañana hasta este tribunal.
Poco antes de que terminara su declaración llegaba a la Audiencia Nacional su exmujer Mercé Gironés, imputada por los mismos delitos que Pujol Ferrusola, y lo hacia también en taxi, vestida de negro y con gafas de sol.
Tras llegar a la Audiencia Nacional a las 09.30 horas en taxi acompañado de su abogado y el de su exmujer, su comparecencia ante Ruz, prevista a las 10.00 horas, comenzaba finalmente a las 10.40 horas.
Según fuentes jurídicas, la declaración la ha prestado en castellano en una sala de la planta sexta de la Audiencia Nacional ante la presencia del juez Ruz; la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez; un representante de la Abogacía del Estado; su abogado y el de su exmujer Mérce Gironés, que estaba citada a las 16.00 horas.
Este caso comenzó a investigarse a partir de una denuncia presentada en enero de 2013 por Victoria Álvarez, expareja de Pujol Ferrusola, que le acusó de hacer continuos viajes a Andorra con mochilas repletas de billetes.
El juez llamó a ambos a declarar cuatro días después de que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol confesara, el 25 de julio en un comunicado, que había mantenido oculta una fortuna en el extranjero, que vinculó a una herencia de su padre.
El magistrado basa la imputación de Pujol Ferrusola y su exesposa en informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) y de la Agencia Tributaria sobre el movimiento de divisas efectuado por los dos durante ocho años (2004-2012) en trece países, entre ellos Suiza, Islas Caimán, Gabón y Liechtenstein, y que ronda los 32 millones de euros.
La UDEF detalló también en un informe las cantidades millonarias que el hijo mayor de Jordi Pujol recibió a cambio de supuestos servicios prestados a varias empresas adjudicatarias de obra pública, dinero se sospecha respondió en realidad a comisiones por interceder en las adjudicaciones.
«Las comisiones millonarias que consideramos no justificadas percibidas por Jordi Pujol Ferrusola tienen su génesis en un negocio mayormente involucrado en el área pública de la Administración», indica la Policía en otro punto del informe referido a una adjudicación a la UTE FCC y Copisa para el proyecto de reforma de la Gran Vía de Hospitalet.
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