El Gobierno de Mariano Rajoy no va a variar su posición ante la demanda de una consulta soberanista en Cataluña tras la movilización de la Diada porque, aunque respeta ese tipo de manifestaciones, considera que la Constitución que las ampara impide las pretensiones independentistas catalanas.
Un día después de que los partidos y organizaciones favorables a la consulta por la independencia se volcarán en las calles de Barcelona, el Ejecutivo central y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, han reiterado sus argumentos, mientras que partidos como el PSOE han redoblado su llamada a un diálogo entre ambas administraciones para buscar una salida.
El respeto a la masiva participación en las celebraciones de esa Diada convocadas por las organizaciones a favor de la independencia ha sido expresado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la reunión del Consejo de Ministros.
Pero tras subrayar que la Constitución es la que ampara ese derecho a manifestarse, ha precisado que ese mismo texto constitucional es el que establece los mecanismos para cambiar el sistema.
De ahí que haya recalcado que el Gobierno no puede cambiar su postura ante la consulta, pues no deriva «de un capricho ni de una decisión», sino de la Constitución, que obliga a todos los gobiernos «en este momento y en el futuro, en España y en Cataluña».
En consecuencia, ha pedido al Parlament de Cataluña una reflexión para que no apruebe la ley de consultas y ha asegurado que, si sigue adelante, el Gobierno impedirá su entrada en vigor con un recurso al Tribunal Constitucional que conllevará su inmediata suspensión con carácter retroactivo.
Si Saénz de Santamaría ha confiado en que Mas siga cumpliendo su palabra de no llevar a cabo una consulta ilegal, el presidente de la Generalitat se ha reafirmado en su compromiso de convocarla con todas las «garantías democráticas» para que el resultado se «entienda en todas partes».
«Votaremos seguro. Otra cosa es en qué condiciones. No todo depende estrictamente de nosotros», ha afirmado Mas antes de advertir: «Si no hacemos bien la consulta, será como un bumerán que caerá sobre nosotros».
Para Mas, la movilización durante la Diada debería provocar en el Gobierno de Rajoy algún tipo de reacción.
Ante las posiciones inamovibles del Ejecutivo central y el de la Generalitat, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha apelado a la voluntad y al liderazgo de Rajoy y de Mas para que tiendan puentes y busquen una solución política al problema porque se puede convertir en una «crisis de Estado».
Y la solución, a su juicio, puede venir de la propuesta socialista de una reforma de la Constitución.
En representación del PSC, su portavoz, Esther Niubó, ha pedido a Rajoy, que abandone «el inmovilismo en el que está instalado» y «abra un amplio espacio de diálogo con Cataluña y sus instituciones.
Si ERC, por boca de su portavoz adjunto, Oriol Amorós, ha pedido al resto de partidos favorables a la consulta «ser fuertes» para que se convierta en realidad, la líder de ICV, Dolors Camats, les ha reclamado que la unidad «no falle» ante una sociedad que ha estado «a la altura».
Frente a ellos, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y el líder de Ciutadans, Albert Rivera, han cargado contra Mas por su papel en el proceso soberanista y han advertido de la frustración que éste generará en Cataluña cuando el 9N no se celebre la consulta.
La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultura, entidades organizadoras de la multitudinaria Vía Catalana de la Diada, han asegurado hoy que sólo negociarán la secesión y no los términos de la eventual consulta soberanista, como la fecha y la pregunta, porque creen que se «tiene que hacer ya».
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