Según ha considerado en una entrevista que publica hoy El País, los únicos aforamientos que deberían subsistir en España son, aparte de los que afectan a la Familia Real, los de los presidentes del Gobierno, Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y las 17 comunidades autónomas, «y esto suma 22 personas».
A su juicio, aunque el aforamiento «no tiene por qué constituir un privilegio» en España, la actual situación «debe ser sometida a revisión» y en el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial la propuesta que llevará el ministerio de Justicia contempla dicha reducción hasta los 22 aforados.
Así, los ministros, diputados nacionales y autonómicos y los miembros de los consejos de Gobierno regionales dejarían de estar aforados, «aunque para todo eso habría que reformar la Constitución en un caso y los Estatutos de Autonomía en el otro».
Ruiz-Gallardón reconoce que se trata de una intención de carácter político, «porque la Ley Orgánica a lo único que puede afectar es a los órganos del Estado que no están recogidos expresamente en la Constitución, a los jueces y a los fiscales».
«Pero que se suprima el aforamiento de diputados, senadores, ministros, consejeros autonómicos, parlamentarios autonómicos y otros cargos autonómicos -añade- es algo que tendrá que hacerse mediante un pacto político que modifique los estatutos de autonomía y que aborde en su momento la reforma de la Constitución».
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