El Parlamento ruso aprobó ayeruna amnistía que se extiende a los condenados y los imputados por gamberrismo, por lo que beneficiaría tanto a las dos encarceladas del grupo punk Pussy Riot, como a los activistas del rompehielos «Arctic Sunrise» de Greenpeace.
Los diputados también ampliaron el proyecto presidencial de la amnistía general, aprobada con motivo del 20 Aniversario de la Constitución del país, a los condenados y acusados por participar en desórdenes públicos.
Esta enmienda podría dejar en libertad a la mayoría de los procesados en el llamado «Caso Bolótnaya», que toma el nombre de la plaza del centro de Moscú que el 6 de mayo de 2012, durante una manifestación contra el Kremlin, se convirtió en escenario de violentos disturbios.
Mientras, una docena de opositores rusos son acusados por la Justicia de este país de «participar en desordenes públicos» tras tomar parte en aquella protesta, una de las más multitudinarias que vivió Moscú poco después de que el ahora presidente ruso, Vladímir Putin, fuera reelegido para volver al Kremlin.
En los enfrentamientos, que se saldaron con la detención de más de medio millar de personas, 82 policías resultaron heridos y los daños causados ascendieron a 28 millones de rublos (casi un millón de dólares), según las autoridades rusas.
La amnistía -que entrará en vigor tras su publicación oficial, seguramente esta misma semana- no se extiende a los acusados de «organizar desordenes públicos», por lo que no beneficiará al líder del Frente de Izquierdas, Serguéi Udaltsov, bajo arresto domiciliario, que podría ser condenado a diez años de prisión por este caso.
El perdón sí beneficia «a los sectores sociales más desprotegidos», según el texto aprobado por unanimidad, entre los cuales se incluyen menores de edad, mujeres embarazadas y madres cuyos hijos no hayan cumplido los 18 años, jubilados, personas discapacitadas, militares y expolicías «que hayan tomado parte en la defensa de la Patria».
Hasta 25.000 personas saldrán en libertad, pero no es el caso de los condenados por delitos graves ni tampoco de los que cumplen penas de cárcel mayores de cinco años.
Las autoridades tendrán seis meses para dejar en libertad a los amnistiados una vez entre en vigor el texto aprobado por la Duma.
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