El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez envió ayera prisión al exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad, que tendrá que abonar un millón y medio de euros si quiere abandonar la cárcel.
El magistrado dictó también el ingreso en la cárcel del ex director de Empresas Daniel Gil, en este caso bajo fianza de 400.000 euros. Los dos fueron trasladados anoche a Soto del Real donde permanecerán hasta que reúnan las cantidades impuestas. Les imputa la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración desleal y apropiación indebida.
Ambos declararon ayer tarde ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que ordenó el miércoles su detención por defraudar una cantidad de «cierta relevancia» a través de un entramado de empresas hoteleras, encabezado por la sociedad Valfensal, que desvió unos beneficios de 247 millones de euros al paraíso fiscal de Curaçao.
Según explica el juez en los dos autos en los dicta el encarcelamiento, en los últimos nueve ejercicios tributarios ambos empresarios habrían estado eludiendo el pago de impuestos, situando la mayor parte de los beneficios en territorio antillano. Como mínimo, en los ejercicios 2009, 2010 y 2011, el dinero defraudado superaría los cinco millones de euros.
López Abad y Gil --»que están en los dos escalones superiores de la CAM», destaca-- «han tenido desde el comienzo un papel esencial en las negociaciones relativas a la financiación de los proyectos» en connivencia con los empresarios José Salvador Baldó y Vicente Ferri.
Los dos exdirectivos acordaron que Valfensal no repartiera dividendo, para lo cual alteraban la contabilidad en perjuicio de la propia CAM y articularon «un sistema para que los empresarios obtuvieran un retorno continuo de fondos, que constituía un dividendo encubierto». La caja concedió préstamos irregulares a la empresa hotelera por un total de 217 millones de dólares.
En el año 2010, a pesar de la difícil situación en la que se encontraba la caja, se decidió suscribir un contrato de gestión entre Valfensal y la compañía Seabrezee. Esta última carecía de actividad y no tiene estructura alguna, indica el juez.
Información
Los autos añaden que López Abad y Gil «monopolizaban la información sobre el grupo, de modo que la que llegaba a otros cuadros de la CAM era insuficiente o llegaba tardíamente, logrando así imponer sus decisiones sobre la participación de la caja en el capital social de Valfensal, así como sobre financiación y política de dividendos de esta sociedad».
Gómez Bermúdez fundamenta su decisión de encarcelarles en que el riesgo de fuga se ha incrementado notablemente. «Cuentan con medios económicos y relaciones con el exterior que les permitirían eludir la acción de la justicia situándose en Curaçao, país con el que no existe tratado de extradición», señalan los autos judiciales.
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