El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha evitado responder a si negoció con el extesorero del PP, Luis Bárcenas, las condiciones de su renuncia y se ha limitado a decir que sobre este asunto ya dijo todo lo que tenía que decir en su comparecencia en el Senado el pasado 1 de agosto. "Todo cuanto tenía yo que decir sobre ese asunto ya lo he dicho donde tenía que decirlo, ante la representación de la soberanía nacional el día 1 de agosto", ha dicho en rueda de prensa en San Petersburgo, después de participar en la Cumbre del G20.
De este modo, Rajoy ha evitado hacer comentarios sobre la declaración ante el juez de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Según la transcripción conocida el jueves, De Cospedal afirmó que fueron el propio Rajoy y el exsecretario general del partido Javier Arenas quienes negociaron con Bárcenas los términos de su renuncia como senador y tesorero. Preguntado de nuevo por esas declaraciones de Cospedal ante el juez Pablo Ruz en la que atribuye al presidente del Gobierno la responsabilidad sobre la forma en la que salió del PP el extesorero, Rajoy ha evitado entrar en detalles y se ha remitido a sus declaraciones anteriores.
En el Pleno celebrado en el Senado el pasado 1 de agosto, Rajoy admitió que se equivocó con Bárcenas pero descartó dimitir o convocar elecciones, como demandó la mayoría de los grupos de la oposición. Además dijo que en el PP se ha pagado siempre en "blanco", no se ha llevado una doble contabilidad, ni se ha ocultado ningún delito.
Bárcenas
El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, han pedido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que desbloquee 5.000 euros al mes de sus cuentas bancarias para afrontar "los gastos de uso corriente de la familia", en referencia a los recibos de "luz, agua, gas, teléfono, comunidad de vecinos y seguridad social".
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del exdirigente 'popular' y su esposa señalan que se ven forzados a realizar esta petición porque "en breve" no podrán afrontar estos pagos, que están domiciliados en el banco, como "consecuencia de la intervención e indisponibilidad de esas cuentas".
Los abogados del matrimonio, Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márquez de Prado, detallan que sus clientes disponen de cinco cuentas en La Caixa y otras tres en Bankia y solicitan que ambas entidades "sigan atendiendo los recibos que se encuentren domiciliados en ellas". Además, reclaman que se autorice una transferencia a otra cuenta del Banco Popular que se encuentra a su nombre para que puedan transferir la cantidad de 5.000 euros al mes para afrontar sus gastos.
48 millones en Suiza
El extesorero del PP, que se encuentra en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 27 de junio, está imputado por los delitos de fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa y falsedad en documento mercantil. Iglesias, por su parte, está imputada por los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa y falsedad en documento mercantil. El extesorero acumuló en sus cuentas en el Lombard Odier y el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza) un total de 48,2 millones de euros en su punto más álgido, en enero de 2008.
Congreso
El PP ha hecho valer su mayoría en la Mesa del Congreso para frenar, argumentando que no tienen soporte reglamentario, las dos interpelaciones sobre el 'caso Bárcenas' que el PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) habían dirigido al Gobierno para que las respondiera el próximo miércoles en la sesión de control al Gobierno, la en el primer Pleno del Congreso tras el paréntesis estival.
Así lo ha anunciado el secretario primero de la Mesa, el 'popular' Ignacio Gil Lázaro, al término de la reunión del órgano de gobierno de la Cámara que el presidente del Congreso, Jesús Posada, había convocado para analizar expresamente estas dos iniciativas, al apreciar problemas reglamentarios para su calificación. Tal y como ya hizo en tres ocasiones anteriores con iniciativas similares registradas en agosto (dos del PSOE y una de IU), el PP ha argumentado que el contenido de las interpelaciones no se ajusta al previsto en el artículo 181 del Reglamento de la Cámara.
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