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El Gobierno de Mariano Rajoy calcula un ahorro de 37.700 millones de euros con las medidas de racionalización de las administraciones públicas, la reforma de la administración local y las medidas estructurales sobre el empleo público, entre el año 2012 y hasta 2015, cuando se prevé la completa implantación. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, va a convocar a las Comunidades Autónomas y a los ayuntamientos para presentar las medidas de ahorro que les competen.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha presentado las medidas que contienen el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), algunas de las cuáles ya adelantó hace dos días el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Si se aplicasen las 217 medidas recogidas en ese documento, el ahorro sería de 6.500 millones

Sáenz de Santamaría ha avanzando que el Ejecutivo ha creado, además, una Oficina de seguimiento de este proyecto, puesto que su aplicación se plantea a largo plazo. Al frente de la misma estará Angelines Trigo, inspectora de los servicios de la Administración General del Estado y que tendrá rango de subsecretaria, que realizará un informe cada tres meses sobre la implantación de la reforma. También presentará anualmente un "análisis exhaustivo y global de lo hecho y de lo que queda por hacer".

Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno ha calculado lo que ahorra la administración y lo que ahorra el ciudadano. Según ha dicho, hasta su completa implantación en el 2015, la reforma genera a las administraciones públicas un ahorro de 6.500 millones y al ciudadano de 16.300 millones.

Sin embargo, muchas de esas medidas dependen de la voluntad de las comunidades autónomas, a las que se les ofrece "una guía" de recomendaciones y sugerencias para ahorrar y mejorar su situación financiera en el cumplimiento de los objetivos de déficit. De hecho, el informe del Gobierno incluye en concreto 120 medidas sobre duplicidades.
En los 6.500 millones de euros que calcula el Ejecutivo se cuentan las medidas sobre duplicidades, como la supresión de defensores del pueblo autonómicos, tribunales de cuentas o agencias de protección de datos.

Sáenz de Santamaría ha subrayado que el objetivo del Gobierno es hacer una administración "más racional, más eficaz y eficiente", así como que "funcione mejor" y de una "manera más barata". El Gobierno asegura que ya está hecha "la parte dura del ajuste" del empleo público, y que la reforma de la administración pública que ha presentado no reducirá más el número de funcionarios aunque se prevea la supresión de instituciones y organismos públicos.

Los planes del Ejecutivo pasan por recolocar a estos funcionarios, reforzando su formación para que puedan desempeñar nuevas tareas en otros departamentos.
La vicepresidenta ha informado de que la mitad de esa cantidad provendrá de los menores gastos de personal. Ha explicado que se trata de ahorros consolidados que se derivan de las medidas ya adoptadas, como mantener a cero la tasa de reposición del personal público, la eliminación de días libres o la extensión de la jornada laboral.