Portavoz. Martínez Camino apuesta por la tutela de los derechos - Archivo

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El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado sobre la Ley del Aborto, que la Iglesia "no impone" ni ejerce ninguna "presión" aunque sí "habla y propone" porque como cualquier otro agente de la vida social puede hablar sobre los principios morales.

"La Iglesia habla, propone, ni legisla ni quiere legislar, no es su cometido. Pero puede y debe hablar sobre los principios rectores de la vida social de acuerdo con los derechos fundamentales de la persona. Lo hace en España y todos los lugares del mundo", ha subrayado durante la rueda de prensa posterior a la CI Asamblea Plenaria de la CEE.

En cualquier caso, ha indicado que la legislación española actual "no regula de manera justa" y que se deben tutelar los derechos de las madres pero sin dejar de lado los de los que van a nacer. "Esto no es ninguna presión sino la proclamación de las implicaciones de la fe y de la moral que se deriva de ella y que en este caso es una moral racional universal", ha añadido.

En este sentido, aunque ha evitado pronunciarse sobre la información adelantada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre la ley, hasta que no haya un texto -"si va a gustar o no, ya lo veremo--, ha indicado que puede haber "conflictos" con derechos de otros que "deben ser regulados de manera justa" pero que no se ha hecho así ni con este ni con anteriores gobiernos. Por ello, apuesta por que se tutelen los derechos de todos, no solo de la madre y del hijo sino también del padre, de los hermanos, incluso de los agentes sanitarios.

Además, ha insistido en que la Iglesia tiene la "obligación" de "proponer" su doctrina moral reiteradamente, cuando es oportuno, para que los católicos puedan vivir "coherentemente", pero en ningún caso imponerla porque "no tiene medios" para ello. "La Iglesia no actúa como un actor político en el campo de la política, habla de cuestiones que tienen implicaciones políticas como actor social que es con cierta relevancia", ha destacado.
sociedad civilizada

Así, ha remarcado que "una sociedad civilizada no puede asistir con tranquilidad de conciencia a la eliminación de una vida inocente tutelada por la ley" y que "es necesario una legislación para que sean protegidos los derechos fundamentales" empezando por los niños que están por nacer.

Este principio, según ha precisado, el de "no matar a un ser humano inocente", no es algo que pueda verse solo bajo el prisma de la fe católica sino de "cualquier fe" y es "en principio compatible con creyentes y no creyentes".