Las instituciones públicas y privadas implicadas en el fondo social de vivienda (FSV), creado para que determinados colectivos afectados por un desahucio accedan a un alquiler social, firmarán el próximo jueves el convenio que regula sus características y funcionamiento.
La operativa diseñada, cuyas líneas básicas se pactaron en diciembre pasado, exige la colaboración entre las entidades financieras, el Gobierno, los servicios sociales municipales o provinciales y las ONG en la difusión de información sobre las viviendas disponibles y en su asignación entre los beneficiarios.
El fondo cuenta inicialmente con 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras de entre los inmuebles no cedidos a la Sareb, la sociedad que debe dar salida a los activos inmobiliarios tóxicos propiedad de la banca, conocida comúnmente como "banco malo".
Cada entidad formará su propio fondo con un número indeterminado de viviendas que podrá ampliar posteriormente y las ofrecerá a sus clientes desalojados.
Los arrendatarios serán personas desalojadas de su vivienda habitual por impago de la hipoteca a partir del 1 de enero de 2008, con unos ingresos por unidad familiar inferiores a tres veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) y que cumplan los requisitos de vulnerabilidad especial fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios durante dos años.
El precio del alquiler oscilará entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tendrán una duración de dos años, prorrogables por uno más, excepto que la entidad financiera haga una nueva evaluación de la situación del beneficiario y concluya que ya no cumple las condiciones.
El arrendatario debe comprometerse a destinar ese inmueble a su vivienda habitual y a conservarlo en las mismas condiciones de uso y habitabilidad en la que lo recibió.
Las entidades financieras informarán a los eventuales beneficiarios, ayuntamientos, diputaciones provinciales y ONG de las características básicas de las viviendas y facilitarán también los datos también a través de sus sucursales y sus páginas web.
Entre otras cuestiones, deberá figurar la ubicación y superficie de cada vivienda, su distribución por municipios y CCAA, así como los requisitos para lograr un contrato y sus condiciones.
Las solicitudes se dirigirán a las entidades de crédito, que evaluarán la idoneidad del beneficiario a partir de un informe sobre su situación social realizado por los ayuntamientos o diputaciones provinciales.
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