El Gobierno de Mariano Rajoy anunció ayer sábado que no reconoce "ninguna legitimidad" a la denominada Comisión Internacional de Verificación del alto el fuego de ETA. El Ejecutivo ha rechazado cualquier negociación sobre el desarme de la banda terrorista y ha exigido su "disolución incondicional". Por su parte, los presos de ETA han indicado que ven cuestiones "significativas" en el plan de reinserción anunciado por el Gobierno y se han mostrado dispuestos a "dar pasos" si se abandonan "las presiones y los chantajes".
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que los verificadores internacionales han intentado ponerse en contacto con el Ejecutivo, pero sentenció que el Gobierno no les reconoce "ninguna legitimidad".
Además, Fernández Díaz destacó que el Gobierno no necesita "verificadores internacionales" porque con la Guardia Civil y la Policía ya tiene a sus propios verificadores.
"Para derrotar policialmente a ETA nos ha bastado con los cuerpos y fuerzas de seguridad (del Estado) y con ellos mismos tenemos suficiente para verificar si ETA se disuelve", declaró a los medios de comunicación antes de participar en el congreso del PP catalán.
El ministro del Interior indicó que el Ejecutivo rechaza cualquier negociación sobre el desarme de ETA y exigió la "disolución incondicional" de la banda terrorista.
"El Gobierno ni ha negociado, ni negocia, ni jamás va negociar con ETA. Lo que le exigimos es su disolución incondicional", afirmó.
Fernández Díaz concluyó que ETA debe dejar de "engañar" a sus presos y decirles la verdad que es que el Gobierno no entrará en ninguna negociación.
Sobre la política penitenciaria, reiteró que si los presos se desvinculan de la banda, "y en el marco de la ley y sólo en el marco de la ley, podrán acceder a los beneficios penitenciarios que la ley exige y otorga a los reclusos".
En la misma línea que el ministro de Interior, la parlamentaria del PP Laura Garrido consideró que "no hay necesidad de verificadores" y subrayó que el objetivo debe ser la disolución de ETA y que "entreguen las armas".
En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, la dirigente popular señaló además que "no caben medidas colectivas como la amnistía" con los presos de ETA, sino que en todo caso "caben medidas viendo caso por caso y dentro del respeto a la legalidad".
"Es el momento de recalcar que las exigencias hay que dirigirlas a ETA. Ellos deben dar los pasos. Tras el comunicado de cese de la actividad armada quedan pasos por dar y ellos deben darlos anunciando su desaparición y disolución. No puede haber contrapartidas. No hubo premio por matar y no puede haberlo por dejar de matar", sostuvo.
Desde las filas socialistas, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestó que aunque España afronte "una etapa distinta de la política antiterrorista", el Estado "tiene que hacer todo lo posible para culminar la tarea" con la desaparición de la banda armada, asegurando que su formación política "va a estar con el Gobierno de Mariano Rajoy" en dicha labor.
Rubalcaba explicó a los medios de comunicación que la banda terrorista ETA "abandonó la violencia hace unos meses", pero aunque "estamos en una etapa distinta de la política antiterrorista", lo cierto es que "ETA sigue existiendo y el Estado tiene que hacer todo lo posible para culminar esa tarea y que ETA deje de existir".
"En esa tarea, es evidente que el PSOE va a estar con el Gobierno de Mariano Rajoy", manifestó directamente el líder socialista.
Por su parte, el presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, señaló que la Comisión de Verificación ha venido a mostrar "la autenticidad e irreversibilidad" de la decisión de ETA de cesar la actividad armada y abogó por aplicar una política penitenciaria "flexible" que "acompañe y consolide el escenario de paz".
En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el dirigente jeltzale subrayó que desde el anuncio de ETA del pasado 20 de octubre han sucedido cosas, "aunque no todas se han visibilizado" y ha considerado que todavía "se tienen que dar los pasos de desarme y desmantelamiento".
A su juicio, partiendo de la situación de "abandono definitivo de la actividad armada de ETA" se está asistiendo a un proceso que debe cumplir "varias fases".
"Transcurridos seis meses esta comisión viene a mostrar la autenticidad e irreversibilidad de esa decisión y todo aquel que haya seguido procesos de desaparición de otras organizaciones habrá observado que siempre hay una fase de desarme o desmantelamiento a la vez que hay actividad de la propia organización, por ejemplo en suelo francés, propia de una organización en fase de desaparición", manifestó.
Asimismo, consideró necesario respetar a la Comisión de Verificación, que a su juicio "ha sido ninguneada por parte de partidos políticos", ya que es una "comisión que se ha acercado al núcleo duro de la organización para saber de la autenticidad de la decisión".
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