El lehendakari, Patxi López, trasladó ayer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la necesidad de legalizar la antigua Batasuna y le pidió el acercamiento de presos al País Vasco, pero el Ejecutivo dejó claro que no ha cambiado su postura ante la política penitenciaria.
El nuevo escenario que ha abierto el cese de la violencia de ETA centró buena parte de la primera entrevista de ambos dirigentes desde la llegada de Rajoy a La Moncloa, que se desarrolló, según el lehendakari, en un ambiente de "cordialidad y cercanía".
López aprovechó para demandar el acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascas, una política individual de reinserción y la concesión del tercer grado a los reclusos con enfermedades graves o irreversibles, siempre en base a informes médicos.
No se trata de amnistías ni medidas colectivas, dijo en rueda de prensa el lehendakari, sino de decisiones que amparan la Constitución, que deja claro, según recordó, que el objetivo prioritario de la política penitenciaria es la reinserción.
López vio a Rajoy "al menos receptivo" respecto a sus propuestas para esta nueva etapa y tiene la sensación de que el presidente del Gobierno asumirá la gestión del fin de la violencia de ETA como un asunto de Estado, aunque señaló que quizá a ritmos diferentes que lo haría un Ejecutivo socialista.
En lo fundamental, tal y como reconocieron fuentes de Moncloa, ambos estuvieron de acuerdo, pero el Gobierno subrayó que no ha cambiado la postura que viene defendiendo en materia penitenciaria.
Las mismas fuentes también recordaron que la legalización de Batasuna defendida por López es una cuestión que excede a sus competencias.
Tras el encuentro, López se mostró "absolutamente convencido" de que el Gobierno "antes o después acabará aplicando" una política penitenciaria no más flexible, sino la que está dentro de la legalidad, como es la reinserción.
Y como esto "no es responsabilidad exclusiva" del recluso, López dijo que el Gobierno vasco ayudará a que se abra la puerta a la reinserción de los etarras que rompan con su pasado terrorista e inicien el camino de integración en la democracia.
¿Cómo lo hará?, le preguntaron. López no concretó mucho, pero dejó claro que "está todo en la ley" y que de ninguna manera su Gobierno ayudará económicamente a los presos ni premiará a quien "no merece ningún premio". Su intención es trabajar conjuntamente con el Ejecutivo central en "cosas que no tienen que salir a la luz pública" y analizar quiénes pueden verse beneficiados o en qué condiciones, entre otros aspectos.
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