Las principales empresas contaminantes de Australia deberán pagar a partir del 1 de julio de 2012 un impuesto de 23 dólares australianos (17,3 euros) por cada tonelada de dióxido de carbono que emitan, según informó ayer el Gobierno.
La medida afectará a alrededor de 500 empresas, incluidas las industrias del acero y el aluminio, según anunció la primera ministra, Julia Gillard. El Gobierno ya cuenta con los votos necesarios para garantizar la aprobación parlamentaria de este plan.
El objetivo, según Gillard, es reducir en 160 millones de toneladas la emisión de gases contaminantes de aquí a 2020, una cifra que equivaldría a "apartar de la circulación a 45 millones de automóviles".
El impuesto aumentará un 2,5 por ciento anual hasta julio de 2015, año en que está previsto que entre en funcionamiento en el país un nuevo mecanismo para el intercambio de emisiones cuyo precio estará regulado por el mercado.
Con los más de 9.200 millones de dólares australianos (casi 7.000 millones de euros) que se espera recaudar en los tres próximos años gracias a este impuesto, el Gobierno intentará crear empleo, fomentar fuentes energéticas no contaminantes, incentivar económicamente a las principales empresas emisoras de carbono para que reduzcan los gases de efectos invernadero y desarrollar programas contra los efectos del cambio climático.
La poderosa industria minera ha reaccionado negativamente a esta medida y ha advertido de que el impuesto causará la pérdida de empleos y una reducción de las inversiones en la minería de carbón. Una de las principales compañías mineras del país, Xstrata, se ha mostrado "decepcionada" por el hecho de que el Gobierno no haya consultado "realmente" a las empresas.
Australia es el mayor exportador mundial de carbón de coque y depende en un 80 por ciento del carbón para generar electricidad, una actividad que representa el 37 por ciento de las emisiones.
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