El Pleno del Parlamento catalán aprobó ayer la ley del cine catalán que entrará en vigor el 1 de enero del año que viene y se implantará de forma progresiva hasta conseguir la paridad lingüística en las pantallas en 2018. La ley contó con los votos a favor del tripartito y del principal grupo de la oposición, CiU, sumando un total de 117, frente a los 17 en contra.
El consejero catalán de Cultura y Medios de Comunicación, Joan Manuel Tresserras, ha asegurado que la ley corregirá una "falta de democracia", guardando siempre un "respeto radical" a los intereses del sector que, en todo caso, "no pueden ir en contra del interés general".
Tresserras defiende que la cultura catalana es "homologable", por lo que debe tener una política cinematográfica "sólida". "La ley es posible, oportuna y, desde múltiples puntos de vista, necesaria", ha añadido.
Los objetivos de esta ley son tres: fortalecer la industria catalana cinematográfica, garantizar la diversidad lingüística, y mejorar y diversificar la oferta, según resumió el consejero.
En honor al tercer objetivo, la ley contempla la creación de una red concertada de pantallas en las que se proyectarán filmografías que, "por las estrecheces" que experimenta el sector, se han visto relegadas a pocas pantallas o a ninguna.
Sobre la lengua, tema que ha focalizado el debate sobre la ley desde que se propuso, Tresserras subraya que "no es aceptable que, a 80 años de la irrupción del cine sonoro, en catalán no haya habido una regulación directa" y se considere el catalán como lengua "de segundo nivel".
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